El mayor general (r) Montoya se presentará ante la JEP este lunes 6 de junio a las 8:30 a.m
El mayor general retirado del Ejército Luis Felipe Montoya fue citado por la Justicia Especial para la Paz (JEP) para que rinda su versión por el asesinato de integrantes del pueblo indígena awá, del suroccidente del país, que fueron presentados como bajas en combate, informó este sábado el alto tribunal.
Un comunicado de la Sala de Reconocimiento de la JEP explicó que Montoya fue citado para que entregue su versión el próximo lunes 6 de junio, dentro del Caso 02 que investiga la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas, población del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador.
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“En esta investigación se ha recolectado información que vincula al militar retirado con ejecuciones y asesinatos contra integrantes del pueblo awá, y otros civiles, en hechos ocurridos en 2006, cuando Montoya era comandante del grupo de caballería ‘General José María Cabal’“, puntualiza el documento.
Las muertes de estos civiles, conocidas como “falsos positivos”, supuestamente fueron presentadas como bajas en combate contra la “Columna Mariscal Sucre”, de las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que operaba en los municipios Ricaurte, Tumaco y Barbacoas.
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La Sala explicó que, de todos los hechos victimizantes identificados entre 1990 y 2016 en esta región priorizada, en 2006 “se presenta un pico de desplazamientos y confinamientos de población civil por enfrentamientos y combates entre la fuerza pública y grupos armados”.
Este caso fue abierto en 2018 en el que investigan los crímenes del conflicto armado en esos tres municipios del suroeste colombiano, una de las zonas más azotadas por la violencia, que afectó especialmente a las comunidades étnicas de la región.
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Este proceso busca conocer los crímenes que se cometieron por parte de la antigua guerrilla de las FARC y de la fuerza pública entre 1990 y 2016.
La JEP explicó en su momento que ha identificado más de 1.000 víctimas en estas localidades por “todo tipo de violaciones a los derechos humanos” como “masacres, asesinatos, reclutamiento forzado, violencia sexual, heridas o muertes por minas antipersonales, desplazamientos y confinamientos, retenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales”.
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El 80% de los habitantes de los tres municipios son de comunidades étnicas e indígenas, como la mayor parte de las 1.000 víctimas identificadas por la JEP.
La investigación del caso se dio con base en informes presentados por la Fiscalía colombiana, estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) e información de organizaciones de la sociedad civil como la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). EFE
