Foto: Archivo referencial
El hecho de que el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, aceptara que en compañía de sus hijos asistió al partido de Colombia vs Venezuela en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pese a que no había permisos por parte de las autoridades sanitarias para que este tipo de eventos contaran con la asistencia al público, despertó un conflicto que tendría al recién posicionado jefe de la cartera de Justicia con un compañero del gabinete.
El escándalo por la dudosa asistencia de hinchas al escenario deportivo de la capital de Atlántico, despertó la duda del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, frente a su compañero de la cartera de Justicia, debido a que planteó que Ruiz podría estar incurriendo en un posible caso de conflicto de intereses.
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Este planteamiento surge porque el ministro Ruiz, siendo funcionario del Gobierno Nacional y en especial de la cartera de Justicia, también integra la terna de la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol, misma entidad deportiva que se encuentra bajo los ojos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el escándalo de la reventa de boletas para los partidos de las eliminatorias hacia el Mundial de Rusia 2018.
Según como lo relató El Tiempo, Lucena se habría comunicado con Ruiz para solicitarle que se declarara impedido para, como miembro de dicho comité de la FCF, tuviera conocimiento y participación de la investigación que se adelanta en contra de la cúpula de la Federación.
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Frente a este panorama, el mismísimo Ministro de Justicia anunció en una entrevista con Blu Radio, que renunciaría a esta Comisión Disciplinaria, primero para evitar interponerse en las investigaciones que su compañero de bancada adelanta en contra de la FCF y segundo, para demostrar su compromiso con el Gobierno del presidente Iván Duque y con su propia transparencia.
Y el proceso en contra del escándalo por reventa de boletas ¿en qué va?.
Según la SIC, en contra de la Federación Colombiana de Fútbol se impuso una multa por 18.000 millones de pesos, pero también la medida cobija a una empresa de boletería y 17 personas naturales que se encuentran involucrados en este escándalo de reventa de boletas, recordando que las entidades competentes identificaron irregularidades al momento de presentarse el acceso a la compra de estos tiquetes en 2018.
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La Superintendencia, durante dos años de recolección de pruebas contundentes, determinó que la FCF direccionó un contrato que favorecería a las empresas de boletería Ticketshop y Ticket Ya, mismas que tiempo después de adquirir gran porcentaje de estas boletas, incurrieron en el delito de reventa.
