Foto: Archivo referencial
Dentro de un comunicado de siete páginas emitido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se rechazó la tutela que impuso el senador por el partido Liberal, Julián Bedoya, en contra del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, donde se cuestionaba que un proceso disciplinario en su contra, y que se encuentra en etapa de “pliego de cargos”, no estaría respetando la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso.
“El convocante reclamó, mediante apoderado, la protección de sus derechos fundamentales al «debido proceso (…), defensa y contradicción», presuntamente conculcados por la autoridad encausada”, relata el documento del alto tribunal.
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Frente a esta postura por parte del parlamentario, la Corte Suprema consideró “improcedente” la petición, debido a que el proceso al que hace referencia Bedoya aún se encuentra en desarrollo, más específicamente en “etapa probatoria”, por lo que consideraron los magistrados que no es la acción de tutela la que el congresista debería utilizar, por lo que la misma fue rechazada.
Siendo así, la corporación adiciona:
“Denegó la salvaguarda, toda vez que el «proceso (…) se encuentra en curso», es dable «acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, por vía del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho», y no se acreditó perjuicio irremediable alguno”, continúa el documento.
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Ahora bien, ¿a qué hace referencia este caso?
Recordemos que el Ministerio Público investiga si el senador Bedoya, presuntamente, utilizó su investidura como congresista para obtener facilidad en la adquisición de un título profesional como abogado de la Universidad de Medellín; estas especulaciones se dieron después de que se conociera que el legislador realizara en tiempo récord las pruebas finales que le terminaron otorgando este diploma en la carrera de Derecho.
