El gobernador de Arauca se encuentra investigado por hechos relacionados con la modificación al contrato de prestación de servicios número 469 del mes de diciembre de 2019, suscrito con la unión temporal ‘Alimentar Arauca’, que tenía como fin garantizar el servicio de alimentación en los colegios oficiales priorizados.
El que para entonces era mandatario, el 23 de abril de 2020 hizo uso de una medida permitida en escenarios de la emergencia sanitaria desatada por el virus COVID- 19, para modificar el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” y estableció la entrega de una canasta básica de alimentos que sería equivalente a 20 raciones para cada niño, por un valor de $105.800. De esta manera, la Gobernación de Arauca pretendía llegar a 18.036 beneficiarios.
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Según el informe realizado por la Fiscalía General de la Nación, el material de prueba recolectado permite dar cuenta de inconsistencias en el trámite y la celebración del contrato de modificación. Pues al parecer, fueron usadas tres cotizaciones para poder dar cumplimiento con un requisito, sin embargo no existió un estudio de mercado real para definir el costo del componente alimentario. Además, ante peritos contables del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detectaron un probable sobrecosto por un valor de $860’975.373.
Frente a tal caso por solicitud de la entidad, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia , como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato relacionado con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
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Asimismo, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Así, el señalado el día de hoy se encuentra privado de la libertad en centro carcelario y fue acusado por, supuestamente, entregar la contratación de Arauca a integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del ELN.
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