Foto: Archivo referencial
Después de que la Fiscalía General de la Nación negara por tercera vez la petición de la defensa del gobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria, para que el funcionario pudiera quedar en libertad por un supuesto vencimiento de términos, se dio a conocer el verdadero momento en el que los abogados del electo mandatario departamental podría volver a ejercer su derecho al debido proceso.
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La petición de la defensa de Gaviria se hizo, porque según ellos, el plazo para que la Fiscalía General llevara el caso del gobernador suspendido ante un estrado judicial se había cumplido, por lo que deberían concederle la libertad:
“Ha transcurrido el término previsto en el artículo 365 – 4 de la Ley 600 de 2000, que prevé como causal para que el sindicado tenga derecho a la libertad provisional, garantizada mediante caución prendaria, que vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción”, reza el documento de la defensa.
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Argumentos que fueron denegados por parte del ente acusatorio, pues señalaron que estos plazos que los letrados manejan no son los adecuados, debido a que por una demora por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el tiempo para contabilizar el término de 120 días debe hacerse a partir del 12 de agosto de 2020 y no como argumenta la defensa, a partir del 5 de junio de 2020.
“Así el estado de las cosas, y sabiendo que para la efectividad de la medida de detención preventiva tal dirección le fue aportada al INPEC el 12 de agosto de 2020, aún no se han colmado los 120 días de privación efectiva de la libertad y, por tanto, al no colmarse la condición prevista en la causal 4 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, válido es afirmar que no resulta exigible reclamar la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa”, señalan desde la Fiscalía.
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El gobernador suspendido fue sometido a la medida de casa por cárcel debido a que el ente de control lo acusó de haber incurrido en los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros dentro del escándalo de corrupción para la adjudicación y construcción de la Troncal de la Paz. Debido a esta suspensión, el entonces secretario de Gobierno, Luis Fernando Suárez, se posesionó como gobernador encargado.
