La central mayorista Corabastos, ubicada en Bogotá, enfrentA un proceso sancionatorio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que formuló cargos por presuntas prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de alimentos.
La Superintendencia de Industria y Comercio indicó que las conductas investigadas estarían relacionadas con posibles limitaciones en el acceso a bodegas y condiciones comerciales dentro de la central, considerada la más grande del país en distribución de alimentos.
De acuerdo con el expediente, la investigación incluyó a directivos y operadores vinculados a Corabastos, en un proceso administrativo que podría derivar en sanciones económicas si se comprueban las irregularidades.
Corabastos y los cargos de la SIC
Según la investigación, Corabastos habría incurrido en conductas que afectarían la libre competencia, al establecer condiciones que podrían restringir la participación de algunos comerciantes en la central.
La SIC explicó que estas prácticas, de comprobarse, tendrían impacto en la dinámica del mercado mayorista de alimentos, al influir en la oferta, los precios y el acceso de distintos actores económicos.
El proceso se encuentra en etapa de formulación de cargos, lo que implica que los investigados podrán presentar descargos y ejercer su derecho a la defensa antes de que se adopte una decisión final.
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Corabastos: impacto en el mercado de alimentos
Corabastos es considerada la principal central de abastecimiento de alimentos en Colombia, con un papel clave en la distribución hacia Bogotá y otras regiones del país.
Las decisiones que se adopten en este proceso podrían tener efectos en la cadena de suministro, especialmente en la relación entre productores, mayoristas y comerciantes que operan en este mercado.
El caso también se enmarca en las acciones de la SIC para fortalecer la vigilancia sobre prácticas empresariales que puedan afectar la competencia en sectores estratégicos.
Qué sigue para Corabastos tras proceso de la SIC
El proceso contra Corabastos continuará con la etapa de defensa por parte de los investigados y el análisis de pruebas por la SIC, que determinará si hay lugar a sanciones o archivo del caso dentro del marco legal vigente.
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