Entre los implicados en este caso de corrupción está, Emilio Archila, varios alcaldes, miembros de la Contraloría y varios congresistas del Partido Conservador
Funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas colombianos crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10% de los recursos de un fondo destinado a implementar el acuerdo de paz, según reveló este miércoles una investigación periodística.
En el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, un organismo del Sistema General de Regalías que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los que el actual Gobierno denominó Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.
Según una investigación de los periodistas Valeria Santos y Sebastián Norha para Blu Radio, “solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (más de 121 millones de dólares)”.
En este esquema de corrupción, se llegó a denunciar ante diversos organismos que los involucrados “están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) les den el ok”, según se extrae de un correo enviado al exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, que entonces presidía el OCAD Paz.
El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía “distribuir los recursos con equidad” y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.
En la investigación de Blu radio se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a Archila, a varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.
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También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que “elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones” y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según relatos recabados, para que priorizara un proyecto, el alcalde necesitaba “tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas”.
La Procuraduría llegó a abrir una investigación disciplinaria contra Ávila “por las presuntas irregularidades cometidas como secretario técnico del OCAD Paz para beneficiar a más de 500 proyectos”, dijo Blu Radio, ya que proyectos en una docena de departamentos “fueron aprobados sin cumplir con la totalidad de los requisitos”.
El contralor delegado de la Unidad de Regalías, Aníbal Quiroz, también fue denunciado por rechazar proyectos, aunque fueran viables, sin dar razones claras.
“Además de los montos que nunca llegarán a las regiones por la corrupción, rasparon la olla del dinero que debía invertirse en 10 años, principalmente en el desarrollo de vías, electrificación, agua potable y saneamiento básico”, denunció la investigación.
EFE
