Este proyecto ayudará a que los niños puedan ejercer sus derechos, asimismo, a crecer en una familia
Este martes, el presidente Iván Duque radicó un proyecto de ley que busca otorgarles nacionalidad colombiana y el derecho a una familia a niños, niñas y adolescentes migrantes bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
La iniciativa cuenta con el aval y firma de todos los ministros; igualmente, el proyecto fue radicado en el Congreso de la República por el Ministro del Interior, Daniel Palacios; la Jefe de Gabinete, María Paula Correa, y la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), Lina María Arbeláez.
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Al respecto, Min.Interior explicó que este proyecto atiende a la visión del Gobierno Nacional frente a la atención migratoria. Asimismo, sustentó que atiende a los convenios que se tienen con diferentes organizaciones internacionales, como UNICEF.
En este sentido, dijo que lo que “se busca es que el Congreso de la República haga ley para que los más de 1.200 niños que, en este momento, se encuentran en custodia del ICBF, que han sido abandonados, que no tienen familia, reciban la nacionalidad colombiana para que puedan tener acceso a todos los derechos, garantías y protección de la Constitución”.
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En su explicación, el titular de la cartera aseguró que lo que se pretende con la iniciativa es que “bajo esa decisión, garantizar que estén en los hogares del ICBF con patria potestad, para poder garantizarles la protección y el ejercicio pleno de sus derechos”.
Por otra parte, la Directora del ICBF, Lina Arbeláez sostuvo que actualmente hay 1.200 niños y niñas migrantes que ya llevan más de 18 meses bajo la institucionalidad del ICBF y desafortunadamente no tienen ese derecho a una familia.
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Al respecto, la Jefe de Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa dijo que este proyecto los niños, niñas y adolescentes, no acompañados en en el país, puedan ser reconocidos como colombianos, para que ejerzan sus derechos y crezcan dentro de una familia.
Finalmente el ICBF reglamentará el funcionamiento y operación de esta modalidad. El Gobierno Nacional dispondrá de los recursos para su implementación dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de la ley.
