La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda en un juzgado de la ciudad de Quibdó, en el noroeste del país, para recuperar tierras comunitarias que actualmente ocupan explotaciones de diferentes empresas.
La demanda sostiene que las tierras, que se ubican dentro de los límites del Consejo Comunitario La Larga y Tumaradó (Cocolatu), deben ser restituidas a las comunidades que vivían allí, mayoritariamente negros, antes de ser desplazadas por el conflicto armado a mediados de la década de los noventa.
Este paso legal se tomó ante el juzgado primero civil del circuito especializado en restitución de tierras de Quibdó, tras tres años de iniciar las investigaciones para fundamentar la denuncia, principalmente realizadas por el Centro de Investigación Nacional de Educación Popular (Cinep), que también acompañó el proceso de negociación de la demanda.
La reclamación se interpuso en un contexto de alta inseguridad para los líderes sociales de las comunidades, puesto que en el último año han sido asesinados tres miembros del Consejo Comunitario que denunciaban las actuaciones de los empresarios que explotan actualmente las tierras.
A lo anterior se suma la presencia de grupos armados paramilitares que se encuentran en la zona, según el Cinep.
El último hecho tuvo lugar el pasado domingo, cuando fue asesinado el líder Mario Castaño en el municipio de Belén de Bajirá a manos de personas no identificadas. Efe
