La Universidad Nacional de Colombia (UN) recomendó que no se intervenga el sitio cercano a Cartagena de Indias donde en el siglo XVIII naufragó el galeón español San José, como tiene previsto hacer el Gobierno de este país con empresas privadas.
Los expertos de la Nacional, la principal universidad pública de Colombia, manifestaron su preocupación “sobre la forma cómo se viene desarrollando un proceso de contratación para el rescate del galeón San José, caracterizado por la falta de transparencia y el aislamiento a la comunidad científica y académica”.
La petición fue hecha por un equipo interdisciplinario compuesto por docentes de las facultades de Ciencias, Ciencias Humanas y Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UN, convocado por la Rectoría tras una petición de la Procuraduría que le pidió a la universidad un concepto.
En opinión de los académicos, “antes de tomar medidas para el rescate del galeón San José es necesario asumir que el patrimonio cultural subacuático presenta complejidades para Colombia y todos los demás países, por lo cual se debe estudiarlo integralmente para conocerlo”, según un boletín de la agencia de noticias de la UN.
Por todo ello, piden al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) que expliquen públicamente, frente a la comunidad académica colombiana, “las bases para decidir el rescate del galeón San José”.
Como parte de esas bases, exigen que se muestren “estudios de documentación histórica sobre el naufragio y los autores de tales estudios; las metodologías y técnicas a utilizar para el rescate y los estudios para la mitigación de impactos”.
El San José, cargado con oro y piedras preciosas, fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 en las cercanías de Cartagena de Indias,
El hallazgo del galeón fue anunciado el 4 de diciembre de 2015 por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien sin embargo ha mantenido en secreto los detalles de la operación.
El equipo de la Nacional recuerda sus críticas a la ley 1675 del 30 de julio de 2013 que tiene por objeto “proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido”.
Según dicha ley, hacen parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas “las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio”.
Esa ley recoge que “no se considerarán patrimonio cultural sumergido” las “cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas”, así como los “bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes”.
Además incluye la posibilidad de hacer una alianza público privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de “hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación”.
El mes pasado el Gobierno colombiano publicó el pliego de una licitación para los interesados en sacar del lecho marino los tesoros del galeón, operación cuyo coste asciende a unos 71 millones de dólares.
Sin embargo, el Ministerio de Cultura ya manifestó “la intención” de adjudicar el contrato a Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG “si no existieren otros interesados en la ejecución del proyecto”, por lo que esa empresa sería la beneficiaria de la compensación.
El equipo de la Nacional mostró sus reparos en lo relativo a los criterios de patrimonialidad y critica que “el proyecto dispusiera que sólo los bienes singulares o no repetidos formaran parte del patrimonio cultural sumergido, desconociendo sin justificación tanto su valor histórico y cultural como su potencial para la investigación científica”.
Cuestionaron también que la ley faculte al Ministerio de Cultura para contratar “con empresas expertas en exploración submarina las operaciones de rescate de los naufragios mediante licitación pública y el pago de sus servicios en todo o en parte con los bienes del mismo naufragio”.
En su opinión, eso pone a Colombia como uno de los países que mayor porcentaje económico otorga a las entidades contratantes en el rescate del patrimonio sumergido.
Finalmente, señalan que el patrimonio cultural subacuático también es una cuestión de derechos, y que la aplicación a este del concepto de “tesoro”, tal como es entendido en el Código Civil, es una reminiscencia del mundo colonial, informa Efe.
“Para la arqueología no cabe división de un sitio arqueológico entre ‘tesoro’ y patrimonio cultural, pues se afecta su integralidad e indivisibilidad”, subrayan.
