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Con el anuncio de un cese unilateral al fuego debido a la pandemia de COVID-19, la guerrilla del ELN pidió al Gobierno nombrar representantes para retomar las conversaciones de paz suspendidas hace más de un año y buscar un cese al fuego más amplio.
Al mismo tiempo, el Gobierno colombiano liberó a dos exmiembros de la guerrilla del ELN y los nombró gestores de paz. Para muchos analistas y promotores de una salida negociada del conflicto, estos son buenos pasos iniciales pero no suficientes para impulsar la reapertura de los diálogos de paz.
Andrés Felipe Aponte, investigador del equipo de conflicto y paz del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explicó que si el ELN se embarca o no en un proceso de paz dependerá, entre otros factores, de cómo el Comando Central (Coce) tramite las diferencias internas del grupo para que haya una voz unificada cuando se sienten a dialogar de paz. “Ese es el mayor obstáculo”, dijo el experto.
El ELN también tiene que hacer un profundo trabajo de recuperación de confianza con la sociedad civil colombiana, que tiene fresco en su memoria el atentado a la Escuela de Policía General Santander realizado el 17 de enero de 2019, en el que murieron 22 cadetes.
Por su parte, el Gobierno colombiano tiene que lidiar con el precedente de haber roto los protocolos pactados con el ELN para iniciar las negociaciones en Quito.
Tras los atentados en Bogotá, el gobierno de Iván Duque pidió en extradición a los jefes negociadores que estaban en Cuba, país que en ese momento era anfitrión de los diálogos. La petición dejó perplejos a los países que apoyaban la negociación y nunca se materializó.
En este escenario, es difícil imaginar unos diálogos de paz, pero mantener este acercamiento sería crucial para una eventual salida negociada del conflicto.
El vislumbre de una negociación de paz con el ELN tiene un gran impacto en las zonas del país más afectadas por el conflicto. Por ejemplo, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) indicó que más de 3.000 personas están confinadas desde el 11 de marzo en el Alto Baudó debido a enfrentamientos entre grupos armados en ese municipio al noroccidente del país. La zona tiene importante presencia del ELN y otros grupos armados.
Los desplazamientos y otras victimizaciones han aumentado en 2020, señaló la entidad, y por eso para esas comunidades un desescalamiento del conflicto hace la diferencia entre la vida y la muerte. Anadolu
