Luego del cierre de una de las oficinas de Uber y varias sanciones por parte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la compañía se pronunció sobre la ilegalidad de su servicio en el país.
La compañía señaló que siempre ha trabajado por la legitimidad de su modelo de trabajo, aclarando que la aplicación es legal pero que ha estado en tela de juicio y advirtió que están a la espera del diseño de un reglamento en el que se incluya esa categoría en la movilidad.
“En esa intermediación, el socio conductor con vehículo privado paga por el uso de la plataforma y la utiliza libremente de acuerdo con su disponibilidad, comprometiéndose a cumplir unos mínimos de calidad exigidos”, explicó la empresa.
Además, recalcaron que aunque el servicio no está reglamentado por el Gobierno colombiano, la compañía contribuyó al país 34 mil millones de pesos por concepto de IVA en enero del año en curso.
