La transformación digital de las empresas y los gobiernos de Latinoamérica pone a la región en la mira de los ataques informáticos, señaló el especialista tecnológico Jhon Galindo, CEO de la empresa de seguridad informática Digiware.
Galindo explicó que el número de ataques en la región “es creciente” debido, entre otros factores, a la transformación digital que vienen desarrollando las empresas y gobiernos de la región, con el objetivo de hacerse competitivos en el panorama mundial.
En ese sentido, explicó que el “uso de mayor tecnología para automatizar procesos, así como para mejorar el servicio al ciudadano”, conlleva a “un mayor riesgo de seguridad porque el Internet y las aplicaciones tienen problemas de seguridad que no se han logrado cerrar completamente”.
“Por un lado, están los desarrolladores de software, y por otro lado están los ‘hackers’ que están viendo problemas de seguridad en estas aplicaciones”, precisó.
Galindo, que llegó a Lima para participar en un encuentro sobre estrategias en ciberseguridad, expresó que si bien Latinoamérica hace algunos años no tenía muchos problemas de seguridad, la penetración del Internet en personas y empresas, ha acrecentado la motivación económica de los fraudes financieros informáticos, donde la industria financiera es el segmento más atacado.
“Cuando decimos que se va a acentuar (los ciberataques) es porque vamos a ver un mayor número de casos y un mayor impacto”, precisó el especialista, quien apuntó que éstos responderán a estrategias similares a los ocasionados por los ransomware (software malicioso) “Wannacry” y “NotPetya”, que se propagaron en diversos países del mundo en 2017 y 2018, respectivamente, reporta Efe.
Galindo agregó que lo que se observa son “ataques estructurados globales que parten de ciertos países o regiones y se extienden rápidamente a todo el mundo porque descubren ciertas técnicas particulares para penetrar sistemas, e intentan aprovecharlo lo más rápido posible”.
Además, la problemática que se evidencia “no se ciñe exclusivamente al robo económico, sino también al de información confidencial de empresas y gobierno”, así como a la suplantación de identidad de las personas naturales “para lograr técnicas más refinadas de fraude”, indicó.
