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El pasado 27 de agosto de 2020 se celebró la votación de los 107 senadores de la República para escoger al nuevo jefe de la Procuraduría General de la Nación, siendo la exmagistrada y exministra de Justicia, Margarita Cabello, quien se quedó con esta importante responsabilidad. No obstante, ante el Consejo de Estado se radicaron dos demandas que pretenderían que este acto administrativo sea anulado, y por ende, la escogencia de Cabello se caiga.
Los consejeros que acogieron estos alegatos fueron Lucy Jeanette Bermúdez y Carlos Moreno, quienes tendrán al menos 15 días para estudiar las demandas y tomar la decisión sobre su continuidad o hundimiento.
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La primera de las demandas fue presentada por el abogado Humberto de Jesús Longas, quien asegura que debido a que Cabello ejerció como Ministra de Justicia en el último año, no podría siquiera a aspirar a un cargo público como el de Procuradora General de la Nación. Frente a este alegato, el letrado exige que se aplique una suspensión de la electa jefa del Ministerio Público, a tres meses de lograr su posesión.
“Establece como incompatibilidades el desempeño de otro empleo público o privado, que, para el Procurador General de la Nación, tal incompatibilidad opera todo el año anterior a la elección, según los artículos 240, 279 y 280 de la Constitución Política”, indicó Longas en su documento.
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Mientras tanto, la segunda demanda gira en torno al presidente de la República, Iván Duque, quien fue el encargado de postular a Margarita Cabello como su candidata para ocupar este puesto en la Procuraduría, mientras que los restantes personajes que completaron la terna que se presentó al Senado de la República fueron la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
“Facultado para elaborar la terna, omitió el proceso administrativo de convocatoria pública meritocrática, en la escogencia de su candidato, quien fue escogido “a dedo” por el citado funcionario sin recato alguno”, este fue el argumento que utilizó el abogado Ramiro Colmenares quien radicó la demanda ante la alta corte que determinará su validez.
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Frente a esta última demanda, el letrado Colmenares señala que la actuación del Jefe de Estado como un funcionario que debería demostrar su imparcialidad, deja entredicho dicha capacidad ante estas designaciones.
