La pionera sentencia emitida este miércoles en Japón que declara inconstitucional la negativa a permitir el matrimonio homosexual ha reabierto el debate sobre su legalización en el único país del G7 que todavía no reconoce plenamente estas uniones.
“Hoy el Tribunal de Distrito de Sapporo ha emitido un fallo histórico”, dijeron en un comunicado los representantes de “Marriage For All Japan”, Makiko Terahara y Akiyoshi Miwa, el grupo impulsor de una serie de demandas colectivas contra el Estado presentadas el Día de San Valentín de 2019 por el reconocimiento del matrimonio homosexual.
La demanda de Sapporo es la primera en tener resolución judicial y en sentar precedente para el debate sobre su legalización.
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“Esperamos que el Gobierno tome en serio la decisión del Tribunal de Distrito de Sapporo y comience el trabajo legislativo sin demora”, añadió el grupo, que espera resoluciones igual de “innovadoras” en demandas presentadas en Tokio, Osaka, Nagoya y Fukuoka, “que insten a la Dieta (parlamento) a legislar con más fuerza”
En la que ha supuesto la primera sentencia de este tipo en el país, la jueza Tomoko Takebe sostiene que el rechazo gubernamental del matrimonio entre personas del mismo sexo constituye “un trato discriminatorio sin base racional” y es contrario al artículo 14 de la Constitución japonesa, que garantiza la igualdad ante la ley.
El Gobierno nipón se resiste a legalizar el matrimonio homosexual amparándose en el artículo 24 de la Constitución, que define el matrimonio “basado únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos”, entendiendo que sólo puede ser entre un varón y una mujer.
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Aunque el matrimonio entre personas del mismo sexo está reconocido con limitaciones por algunas administraciones municipales que emiten certificados para estas uniones, no son legalmente vinculantes.
Hasta ahora, 74 municipios han expedido estos certificados para alrededor de 1.500 parejas, según datos del grupo activista Nijiiro Diversity, aunque al no ser legalmente vinculantes dejan a estas uniones en situaciones de vulnerabilidad ante fallecimientos, indemnizaciones o el reconocimiento y la custodia de los hijos.
