Después de la polémica por los más de 30 impedimentos de Representantes a la Cámara para votar el proyecto que buscaba bajar el salario de los congresistas, el Gobierno ratificó, por medio de un concepto constitucional, que efectivamente los parlamentarios debían declararse impedidos.
Según el concepto del constitucionalista Juan Manuel Charry, contratado por el ministerio del Interior, los congresistas deben declararse impedidos frente a decisiones que los afecten en alguna manera, bien sea por beneficio o prejuicio, y si no se declara oportunamente el impedimento, pueden ser recusados y se dará traslado a la comisión de ética para que los sancione.
Tras el anuncio, varios congresistas se declararon impedidos para votar por este proyecto de ley que estaba contemplado en la Consulta Anticorrupción.
Al respecto, el Gobierno anunció que volverá a radicar la iniciativa y citará a reuniones con la mesa técnica anticorrupción para hacerle cambios que permitan el trámite del proyecto sin contratiempos.
