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El pasado miércoles 3 de febrero, el presidente Iván Duque, informó que realizó una reunión con el Fiscal General, Francisco Barbosa, la Procuradora General, Margarita Cabello, y el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que establecieron una estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos.
De acuerdo con la estrategia, habrá una metodología única de análisis, la cual tendrá como base las cifras que reposan en la Fiscalía y la capacidad investigativa que tiene este ente. Además, será la Fiscalía la que determine quién era líder social y quién no lo era, algo que, de acuerdo con algunos sectores políticos, puede poner en riesgo las cifras reales de asesinatos a líderes.
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Ante esta situación, los senadores Ángela María Robledo e Iván Cepeda le enviaron una carta al Defensor del Pueblo, en el que le expresan con preocupación la estrategia que implemento el presidente Duque y que, según ellos, “pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo”.
“Recibimos con profunda preocupación el anuncio realizado por la Presidencia en la que advierte que “habrá una metodología única de análisis que tendrá como base fundamental las cifras que repasan en la Fiscalía” (…) Esta decisión, pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo”.
En ese sentido, los congresistas resaltan la gran labor que ha hecho la defensoría “en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos” y en “advertir a las autoridades sobre los riesgos en los que podría estar inmersa la población civil”. Igualmente, en la misiva los parlamentarios resaltan el acompañamiento de la Defensoría en los diferentes territorios que sufren violencia y donde la “representación institucional se ha visto limitada”.
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Según argumentan Robledo y Cepeda, la diferencia entre las cifras de violencia que ha documentado la Defensoría en comparación a las documentadas por la Fiscalía, es inmensa, puesto que el ente acusador a reportado muchísimos menos casos en “materia de agresiones, particularmente de homicidios”.
Por ello, los congresistas aseguran que con la unificación de cifras anunciada por por el presidente Duque, y que será liderada por la Fiscalía, lo que se pretende es “disminuir la magnitud del problema que estamos atravesando” y quitarle la autonomía ala Defensoría.
“Renunciar a la documentación de agresiones a líderes y lideresas sociales por petición de otra entidad del Estado, e incluso por solicitud del poder Ejecutivo, socaba su independencia y autonomía y significaría una inminente amenaza a la separación de poderes”
Por último, los senadores le realizan tres interrogantes al defensor del Pueblo, preguntándole cuál será la labor de la Defensoría en la unificación de la información, si ésta seguirá informando al país y a los entes internacionales las agresiones a los líderes, y si la Defensoría continuará con su base de datos sobre conductas vulneratorias contra personas defensoras de derechos humanitarios.
