El Gobierno nacional mostró, a través del Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, su confianza en que el Congreso apruebe definitivamente el reglamento que permitirá la aplicación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), tras el aval que recibió de la Corte Constitucional.
“El mensaje central tras el respaldo (de la Corte Constitucional) es que el balón está en la cancha del Congreso y el Gobierno confía en que va a cumplir con su deber y va a aprobar la ley estatuaria que desarrolla y reglamenta la JEP”, dijo Rivera en una declaración a periodistas.
La Corte Constitucional de Colombia declaró ayer ajustada a la ley la JEP que, según el acuerdo firmado por el Gobierno y las FARC el año pasado, se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado.
El tribunal consideró que el Acto Legislativo 01 de 2017, que dio origen a la JEP, “en general cumplió con todos los requisitos que están previstos en la Constitución y en la ley”, explicó a periodistas el presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero.
“El Constitucional ha aclarado puntos que generaban incertidumbre, ha respondido las consultas e interrogantes”, señaló hoy Rivera en referencia a la participación política e inhabilidades para los exguerrilleros.
En este sentido, detalló que “hay un derecho a la participación política” que está garantizado en el acuerdo de paz “para quienes cumplan lealmente con los compromisos” sellados en ese texto firmado el 24 de noviembre del año pasado.
Esos acuerdos implican “decir la verdad, contribuir a la reparación de las víctimas, disposiciones procedimentales y sancionatorias”.
En este sentido, detalló que la corte “ha expresado que no hay inhabilidad” aunque sí incompatibilidades, lo que implica que si el cumplimiento de una pena por parte de un excombatiente hace que no pueda obtener un cargo de representación prima la pena, informa Efe.
Finalmente, Rivera detalló que el Gobierno no tiene un plan B en caso de que el Congreso no apruebe la JEP.
Las sanciones contempladas en la JEP son de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad para quienes acepten su responsabilidad en los delitos cometidos, informa Efe.
Asimismo, las sanciones ordinarias, de 15 a 20 años de cárcel, las recibirán quienes no admitan responsabilidad y sean condenados por el Tribunal para la Paz.
