Los 22 integrantes de la mesa de víctimas decidieron renunciar a sus cargos en protesta por los asesinatos de defensores de derechos humanos.
Denunciaron falta de garantías a su seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y exigieron además justicia por el asesinato de la lideresa Maritza Quiroz Leiva.
