Este lunes fue presentada la relatoría que solicitó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre los hechos ocurridos en las noches del 9 y 10 de septiembre de 2020, cuando se desataron varias protestas por el asesinato de Javier Ordóñez por parte de uniformados de la Policía en el CAI de Villa Luz.
El informe, que fue liderado por el el exdefensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, y un grupo de siete investigadores, señala que en esos días se presentó una “masacre” que tiene como principal responsable a la Policía Nacional, pues varios uniformados reaccionaron de forma “desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad”.
“Los días 9 y 10 de septiembre, la PONAL de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad, en la atención de las manifestaciones ciudadanía ocurridas en Bogotá y Soacha, donde se presentaban protestas por el asesinato de Javier Ordóñez en un procedimiento policial”, dice una de las conclusiones del informe.
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En la relatoría del 9S se documentaron 14 muertes, incluida la de Javier Ordóñez, de este total, 11 son atribuidas a la Policía por el uso ilícito de la fuerza que utilizaron los uniformados. El resto de asesinatos son atribuidos a personas que se encontraban vestidas de civil, quienes accionaron armas de fuego contra los manifestantes.
“La masacre ocurrió ante la ausencia de una orden política y operativa de no utilizar las armas de fuego contra los manifestantes, es un contexto social complejo y de alta tensión que requería un decidido liderazgo político y operativo, en los niveles nacional y distrital, fundado en los derechos para evitar su ocurrencia”, agrega el documento.
Teniendo en cuenta lo anterior, la alcaldesa Claudia López dio su versión de lo ocurrido en esas noches trágicas y cómo lo vivió ella. La mandataria local aseguró que ese mismo día ella constató que se trató de una “matazón” que la dejó totalmente “desolada” pues “era evidente que la cifra de muertos y heridos era absurda y que habían destruido la ciudad en una noche”.
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Tras analizar cada uno de los hechos, los investigadores llegaron a la conclusión de que en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá y Soacha se presentaron los hechos más graves y que los principales afectados por los abusos policiales eran los jóvenes de los sectores populares.
“Para la relatoría es claro que la acción violenta de los agentes de la Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de sectores populares en Bogotá y Soacha, y que el resultado de esta tragedia deja ver que existe una criminalización de la pobreza por parte de l fuerza pública de la que se desprenden acciones autoritario e ilegales en contra de los habitantes de ciertos sectores sociales”, dice el documento.
Finalmente, en la relatoría se le hace un llamado a la Fiscalía General para que se garantice justicia en cada uno de los actos mencionados y se les brinde seguridad a las personas que se vieron inmersos en estos hechos.
