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La reforma de las pensiones contra la que se convocó el pasado jueves una huelga en Francia sigue en fase de negociación y solo ha desvelado sus líneas maestras, pero permite vislumbrar ya quiénes serán sus mayores beneficiados y afectados.
La promesa del presidente, Emmanuel Macron, de establecer una pensión mínima de 1.000 euros elevaría la cantidad que perciben los trabajadores de sectores agricultores y de comercio que hayan contribuido con la base de cotización mínima a la largo de su carrera; dicha reforma, garantiza una pensión básica de cerca del 85 % del salario mínimo neto, un porcentaje que en la actualidad es del 75 % para los agricultores, cuyas retribuciones son ahora mismo de media 780 euros (para los hombres) y 580 euros (para las mujeres), según el principal sindicato del sector, la FNSEA, mientras que los comerciantes, reciben una pensión mínima de 970 euros, por debajo del umbral que establece la reforma.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad calcula que las mujeres cotizan menos o durante menos tiempo que los hombres y perciben una pensión un 38,8 % inferior a la de estos, debido que una elevación del mínimo tendría un impacto directo en ese colectivo; así que el ejecutivo prevé además una bonificación del 5 % en la pensión por cada hijo a partir del primero, un derecho que se atribuirá por defecto a la madre a menos que haya un acuerdo previo entre la pareja, y que en la actualidad es del 10 % para cada progenitor, pero solo cuando se han tenido tres hijos o más.
Existen en Francia 42 regímenes diferentes de jubilación, que el Ejecutivo quiere reducir a uno solo, lo que perjudicaría a aquellos con condiciones más ventajosas actualmente, por lo que trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) o de la entidad del transporte metropolitano de París RATP, principales protagonistas de la huelga, pueden jubilarse a partir de los 52 a 57 años, según las categorías, frente a los 62 años del régimen general.
La reforma pretende acabar con esos beneficios para establecer un sistema por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos en el momento de la jubilación, que según el cálculo de su futura pensión será además menos ventajoso: hoy se apoya en los últimos seis meses de salario y en el futuro se quiere que cuenten todos los años cotizados.
Además, la pensión de los profesores también se calcula en base al último semestre de trabajo, así que para compensar el cambio entre los funcionarios, el Gobierno prevé integrar las primas en el cálculo, algo que actualmente casi no pesa; aunque las primas representan de media una cuarta parte de la remuneración de los empleados públicos, esa tasa cae al 10 % en el caso de los profesores, por lo que su sueldo tendría que revalorizarse de forma significativa para que la propuesta del Ejecutivo les compensara.
Otros perjudicados serían los funcionarios de categoría C, la más baja de la administración, pues se verían penalizados, al igual que los profesores, por la menor incidencia de las primas en sus sueldos, lo que les dificultaría a la hora de compensar el cálculo de sus pensiones sobre el conjunto de su carrera.
Finalmente, quienes tenga profesiones liberales verían aumentada fuertemente su base de cotización, actualmente situada en el 14 %, algo que con el cambio se elevaría a alrededor del doble; sin embargo, el Gobierno se plantea someter a una cotización más débil, el 12,94 %, a los ingresos de entre 40.000 y 120.000 euros. EFE
