Por: José David Name Cardozo – Senador de la República
En Colombia se nos está volviendo paisaje, la inseguridad que ha invadido a las ciudades. En el caso de la región Caribe, este flagelo viene escalando a grandes pasos, afectando la integridad y la vida de los ciudadanos, quienes reclaman el restablecimiento del orden y el retorno de la tranquilidad.
El deterioro de la seguridad se registra en la mayoría de las ciudades y municipios de la región. Casos de atracos, fleteos, homicidios y extorsión, están a la orden del día, sumando a diario nuevas víctimas de la criminalidad. El aterrador hecho delincuencial presentado en las últimas horas en la ciudad de Barranquilla, en el que sicarios acabaron con la vida de cuatro personas y dejaron heridas a otras seis, mientras disfrutaban de un partido de fútbol, da cuenta de la escalada violenta que se viene presentando en el país.
Uno de los municipios que registra escandalosas cifras es Soledad, que en los primeros 25 días del mes de enero presentó 21 homicidios, nueve más que en el mismo periodo del 2022. En Sincelejo, el 20% de los negocios comerciales han cerrado sus puertas, ante el incremento de la inseguridad durante el fin del año 2022 y el comienzo del 2023, de acuerdo con la Unión de Comerciantes Unidos de Sucre. Por otro lado, en Barranquilla, el inicio de los eventos del Carnaval, tiene preocupados a los ciudadanos por la ola delincuencial y de homicidios que vive la ciudad actualmente, con el registro casi a diario de atracos violentos en los distintos sectores.
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Ante este panorama hostil, en ciudades como Santa Marta las comunidades han optado por armarse y crear sus propios frentes de seguridad, produciendo enfrentamientos entre delincuentes y ciudadanos, que buscan justicia por mano propia. La falta de políticas sociales efectivas han multiplicado los problemas de violencia, microtráfico y hurto. Más allá de un fenómeno de coyuntura, este es un profundo problema derivado de la desatención de las necesidades básicas de la población en términos de servicios públicos, vivienda, salud, educación, empleo, ordenamiento territorial, protección a la tercera edad y a la primera infancia.
Al aumento de la delincuencia común, los robos y las agresiones, hay que sumarle el auge del fenómeno de intimidación y extorsión, promovido por poderosas estructuras criminales urbanas y rurales, en su mayoría desde las cárceles. Según el Gaula de la Policía, el 32% de la extorsión tendría origen en los establecimientos de reclusión del país. Una actividad delictiva que ha dejado al descubierto las debilidades actuales del sistema carcelario y las grandes redes de corrupción que hacen parte del millonario negocio en las prisiones, desde donde se planean y realizan un sin número de extorsiones. Actualizar los bloqueadores de señal de celulares es una de las medidas que se debe implementar con urgencia para frenar esta dinámica criminal en las cárceles.
¿Cómo vamos a alcanzar la “paz total”, si en las calles se vive un ambiente de terror?. Hay que combatir la criminalidad, proteger la seguridad ciudadana y devolverle la tranquilidad a los colombianos. Los esfuerzos, hasta ahora realizados, no han dado los resultados que exige la ciudadanía, hay que ser más contundentes en las estrategias y así mismo atacar la raíz que se encuentra en la descomposición social, una de las principales causas del deterioro de la seguridad.
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Es necesario que se optimicen los recursos al máximo y se ejecuten nuevas estrategias para combatir la criminalidad, además de la implementación de nuevas políticas sociales por parte de los Gobernantes locales para impedir que la población en riesgo se encamine hacia la delincuencia. Trabajar de manera articulada, es clave para derrotar la inseguridad.
Pedimos al Gobierno Nacional, a la fuerza pública y a los entes territoriales hacerle frente a esta lucha contra la delincuencia y garantizar la protección de los derechos fundamentales para la población civil. No podemos permitir que en nuestro país se siembre inseguridad y violencia.
