Cuatro meses después de huir de la Justicia española y acusado de rebelión y sedición, entre otros delitos, el expresidente catalán Carles Puigdemont renunció a su investidura y desde Bruselas propuso en su lugar a Jordi Sànchez, número dos de su lista y ahora en prisión preventiva.
Tras conocerse el anuncio de Puigdemont, el Gobierno español aseguró que esta renuncia ha sido posible gracias a la determinación del Ejecutivo central de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir una investidura a distancia de un fugado de la Justicia española, algo que habría sido una “burla” a la legalidad vigente.
Aunque el adiós de Puigdemont se daba por hecho desde hace días, hasta hoy el expresidente catalán no ha hecho oficial su renuncia a través de un vídeo difundido a través de las redes sociales, en el que precisa que retira “de manera provisional” su investidura y, en su lugar, propone el nombre de Jordi Sànchez, número dos de su lista y ahora en prisión preventiva.
Puigdemont ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie lo más pronto posible una “ronda de contactos” para proponer a Sànchez como “nuevo candidato como presidente del Gobierno autonómico”, lo que puede desencadenar más tensión con el Ejecutivo, ya que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el martes que es “difícil” pensar en un presidente autonómico que esté “en prisión”.
Puigdemont ha argumentado que la decisión de renunciar por ahora a su investidura -bloqueada de momento por las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional- responde a una sola razón: “En las actuales condiciones, esta es la única manera para que se pueda acordar un nuevo gobierno lo más rápidamente posible”.
Por otra parte, Puigdemont ha anunciado “una demanda contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas”, para denunciar la “violación” de sus derechos.
