El expresidente de la región de Cataluña Carles Puigdemont solicitará a un juez del Tribunal Supremo permiso para participar en persona en el pleno de investidura del Parlamento autonómico, el martes 30, en el que es candidato a la reelección.
Puigdemont huyó a Bruselas el 30 de octubre y desde entonces elude la orden de la Justicia española, que le investiga por presuntos delitos de rebelión y sedición, entre otros, por impulsar un proceso secesionista ilegal.
Si pisa territorio español será detenido y llevado ante el Tribunal Supremo y por eso va a pedir al juez Pablo Llarena, que instruye esa causa, que le permita estar en Barcelona (noreste) el martes próximo.
Obtener ese permiso es el único modo para hacer legal el debate de investidura del dirigente independentista, después de que en la noche del sábado se pronunciara al respecto el Tribunal Constitucional (TC) español.
El Gobierno de Madrid había recurrido de urgencia ante el TC para que impidiera un eventual debate de investidura a distancia, ya que Puigdemont manejaba la hipótesis de participar por videoconferencia o con un discurso que sería leído por un diputado de su grupo, reporta Efe.
La petición que Puigdemont planteará al Supremo es inminente, según anunció uno de sus principales colaboradores y antiguo integrante de su Gobierno, Josep Rull, quien criticó el dictamen del Constitucional por “inaudito, con medidas cautelares impropias”.
