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La polémica comenzó cuando la Superintendencia de Salud, a través de su jefe Fabio Aristizábal, denunció que no se tienen los insumos suficientes en algunas regiones del país para realizar las respectivas pruebas y determinar si alguien es portador o no del coronavirus. Y a esto se le sumó el Ministerio Público.
Desde la Procuraduría se advirtió por un presunto desperdicio en las regiones, con respecto a los pruebas que se practican a los supuestos portadores de la enfermedad respiratoria. Se presume que esto se debe a los malos procedimientos con los que se manipulan las mismas, asegurando que alrededor del 80% de las pruebas se están perdiendo.
A continuación, informe completo:
