La Procuraduría General de la Nación ordenó a las entidades que estén ejecutando contratos con miembros de la Unión Temporal Centros Poblados ceder o renunciar a la ejecución de los mismos, teniendo en cuenta el polémico contrato suscrito entre esta compañía y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), entidad que ordenó su caducidad.
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El órgano de control identificó por lo menos 8 contratos que están actualmente en ejecución por un valor superior a los 646 mil millones de pesos y que se encuentran en alto riesgo de verse afectados por la declaratoria de caducidad que decretó MinTIC a Centros Poblados.
“Estos negociuos jurñidicos fueron suscritos por los integramyes de la unión Temporal Centros Poblados 2020, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales”, señala el comunicado.
Funcionarios se la Procuraduría adelantaron visitas al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) donde encontraron contratos un total de cinco contratos que ascienden a $603.046.586.043; al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en el que hallaron dos contratos por $17.696.394.301 y al Fondo único de Tecnología donde documentaron uno por $25.536.178.560.
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Debido al efecto de caducidad con MinTIC, la Procuraduría envió acción preventiva para que desde las procuradurías regionales, provinciales y distritales y la delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, se realice el proceso en otras entidades de orden nacional y poder obtener así el soporte de los contratos, procesos de selección, verificación de requisitos, pólizas, garantías y las acciones adelantadas respecto a las empresas que hacen parte de la UT Centros Poblados.
