El Procurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, le solicitó a la Corte Constitucional que declare ajustado a la Carta Política el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, que asegura los derechos de las víctimas.
En su concepto Cortes González le pidió al alto tribunal declarar la constitucionalidad del Acto Legislativo 01 de 2017, “Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones”.
El procurador ad-hoc solicitó la constitucionalidad de los artículos relacionados con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas en el contexto y en razón del conflicto Armado; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); el Sistema de Reparación; la extradición; la participación en política de los miembros de las FARC; y las reglas especiales aplicables a los miembros de la Fuerza Pública.
Adicionalmente, en el concepto se pidió la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso 4° del artículo 8 transitorio, que contempla un mecanismo especial de selección de tutelas dirigidas contra fallos de la JEP, por considerar que limita el control que ejerce la Corte Constitucional para efectos de unificar criterios sobre el alcance de los derechos fundamentales; el inciso segundo del artículo 12 transitorio, que condiciona la intervención de la Procuraduría a la solicitud de los magistrados de la sección de la JEP que conozca del caso, lo que pondría en riesgo los derechos de las víctimas y afectaría gravemente las funciones del Ministerio Público como ente constitucional autónomo.
Así mismo, se pidió la inexequibilidad de la palabra “concurrentes” del artículo 24 transitorio sobre el control efectivo, como elemento de la responsabilidad del mando aplicable a los miembros de la Fuerza Pública, pues esta exigencia vulnera los derechos de las víctimas a que el Estado investigue y sancione a los máximos responsables. Explicó la Procuraduría que, a su juicio, la JEP, en cada caso concreto debería señalar cómo se aplican las condiciones de responsabilidad del mando.
