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En un principio, frente a la denuncia por la violación de una menor de 13 años en zona rural de Risaralda por parte de uniformados del Ejército Nacional, el primero en actuar fue el comandante de la Octava Brigada, quien decidió desvincular a los siete implicados de las filas de la Fuerza Pública; posterior a ello, se pronunció la Fiscalía General, encabezando el proceso judicial contra dichos militares, y en las últimas horas, levantó su voz la Procuraduría General.
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A través de un comunicado, el Ministerio Público anunció que abrió dos procesos disciplinarios por el caso del abuso sexual agravado en contra de una niña indígena de la comunidad Embera Chamí de Risaralda, uno que se encaminará en contra de los siete soldados que aceptaron los cargos en su contra, mientras que el otro será contra suboficiales del Ejército Nacional.
La razón por la que el organismo de control decidió abrir dos procesos diferentes, fue debido a que habría distinción en la presunta falta disciplinaria en la que incurrieron los siete militares responsables de la violación sexual a la menor indígena, mientras que no se determinó la razón por la que estarían vinculados con la investigación los otros tres suboficiales.
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“Ordenó tramitar por separado el proceso contra siete soldados del Batallón de Artillería de la Octava Brigada que aceptaron cargos, y el de tres suboficiales a quienes la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército vinculó a las actuaciones iniciales”, reza el documento.
El nombre entonces de los tres suboficiales vinculados por la Procuraduría a dicho proceso disciplinario es: sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero Camilo Hernández Martínez y el cabo tercero Jaider Muñoz García. Se espera que conforme avance la investigación, se puedan conocer las causas de su vinculación al proceso.
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“Los tres suboficiales respecto de los cuales por ahora no se conoce la razón para ser vinculados a la indagación disciplinaria cuya apertura fue ordenada y radicada con N° 031-BASAM-2020, el 23 de junio de 2020 en el Batallón de Artillería No. 8 ´Batalla San Mateo´ con sede en Pereira”, expresa el comunicado del Ministerio Público.
