La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra María Cristina Palau Salazar, directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por presuntos actos de corrupción e irregularidades contractuales relacionadas con el proyecto de los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) para los municipios de Combita y Pereira.
El organismo de control investiga la denuncia trasladada por el ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, según la cual la funcionaria habría recibido $600 millones de pesos como anticipo de los $3.000 millones de pesos ofrecidos por un interesado en la adjudicación de esos proyectos.
El Ministerio Público busca determinar si la funcionaria incurrió en faltas disciplinarias relacionadas con un presunto enriquecimiento patrimonial injustificado, interés indebido en la celebración de negocios jurídicos con el Estado y/o quebrantamiento de la normatividad contractual.
Así mismo, busca esclarecer los motivos determinantes de la posible falta, y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría cometido el supuesto perjuicio a la administración pública.
