Días atrás se conoció una resolución del Instituto de Colombiano Bienestar Familiar (ICBF) en donde se ordenó el anticipo extraordinario de 9 millones de pesos a la nómina para la directora de la entidad, Juliana Pungiluppi.
La resolución generó una polémica la semana pasada, a lo que la funcionaria explicó que siempre actuó de buena fé y en principio de la legalidad, “vivo de mi salario y tenía unas comisiones programadas. Una de ellas internacional y la política de viáticos del ICBF implica que uno los legalice ya cuando se ha efectuado la comisión. Teníamos que hacer unas reservas para estas comisiones”, manifestó Pungiluppi, en una entrevista con la emisora Blu Radio.
Existe un decreto (051 de 2018) el cual regula que está prohibido realizar el pago de nóminas a funcionarios públicos en fechas que no son las pactadas, “el pago de la remuneración a los servidores públicos del estado corresponderá a servicios efectivamente prestados”.
La funcionaria también aseguró que su decisión fue consultada al secretario general del ICBF y fue él quién autorizó la resolución, a pesar de esto la Procuraduría General de la Nación abrió un proceso verbal contra Juliana Pungiluppi, el organismo disciplinario consideró que la funcionaria pudo incurrir en una falta al autorizar el inusual adelanto de su sueldo.
