Este miércoles comienza el debate en el Congreso sobre la polémica Ley de Financiamiento en la que se contempla gravar IVA a los productos de la canasta familiar, un punto que no ha tenido la acogida que esperaba el Ministerio de Hacienda.
Ley de financiamiento incorpora una reforma para subir los impuestos sobre las ventas y la renta de la clase media y alta, junto con recortes y exenciones para las empresas.
El proyecto enfrentaría oposición en el legislativo, donde el gobierno del presidente Iván Duque no cuenta con una mayoría sólida.
La iniciativa apunta a conseguir 14 billones de pesos destinados a financiar el presupuesto del 2019 y otros recursos adicionales para reducir el déficit fiscal de los próximos años.
La ley de financiamiento también busca asegurar unos 13,2 billones de pesos para las necesidades fiscales del 2020, precisó un documento del Ministeriode Hacienda.
“Se trata de una ley progresiva que busca que aquellos colombianos que reciben más ingresos contribuyan en mayor medida para el funcionamiento del Estado y la redistribución de la riqueza”, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Colombia apunta a reducir el déficit fiscal del Gobierno Nacional desde un 3,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) este año a un 2,4 por ciento en 2019, para luego bajarlo a un 1 por ciento en el 2027, unas metas ambiciosas de las que depende si mantiene el grado de inversión.
La principal propuesta que contempla la iniciativa es gravar con el impuesto sobre las ventas o IVA, a la mayoría de productos de la canasta básica alimentaria, con lo que se conseguirían 11,3 billones de pesos. Además la actual tarifa de 19 por ciento que se cobra a algunos productos se reducirá a un 18 por ciento en el 2019 y el 2020, y a 17 por ciento en el 2021.
“Esta medida sería una de las que mayor impacto podría causar en el mercado, ante los efectos que tendría en el nivel de los precios, el manejo de política monetaria y la actividad económica”, dijo un informe del Banco de Bogotá.
Además, el proyecto establece subir el impuesto a la renta de las personas y bajar e incluso realizar exenciones a los tributos de las empresas, así como un plan para modernizar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a fin de optimizar el recaudo y combatir la evasión, lo que aportaría al país unos 30 billones de pesos anuales.
La ley de financiamiento deberá ser aprobada por el Congreso antes de finalizar este año, lo que ha generado incertidumbre por las escasas semanas que quedan para debatirla, informa Reuters.
“Lo que vemos en los inversores es un sentimiento de esperar un poco, sobre todo ante cambios en el tema fiscal, entonces esto puede hacer que estén lentas un poco las decisionesde inversión hasta que haya claridad en el marco fiscal que puede haber hacia adelante”, dijo a periodistas José Perez-Gorozpe, jefe de análisis e investigación de S&P para América Latina.
