Tras el escándalo que se destapó hace algunos días por la gran cantidad de contratos con entidades del Estado que tenía la economista Karen Váquiro, y que presuntamente varios de ellos fueron conseguidos gracias a que su esposo Andrés Mayorquín se desempeñaba como asesor de la jefe de Gabinete de la Casa de Nariño, María Paula Correa, la Presidencia de la República emitió una directiva con la que se aumentan los controles para evitar este tipo de situaciones.
De ahora en adelante, antes de la suscripción de cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista tiene suscrito con cualquier entidad del Estado algún otro contrato de la misma naturaleza, para lo cual deberán apoyarse en las plataformas del del SECOP y PACO.
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Asimismo, las entidades nacionales y territoriales ya no deberá realizar obligatoriamente el registro en el Sistema de Información del Empleo Público (SIGEP ) de la totalidad de los contratistas a vincularse y la plenitud de la información solicitada en los mismos. Además, la entidades estatales deberán publicar en el SECOP la información oficial de la contratación que realicen con recursos públicos.
“La Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) le enviará semanalmente a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales la información que conste en el SECOP I y SECOP II, relacionada con los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, para el periodo respectivo, con el fin de que la UGPP vele por el cumplimiento de las obligaciones parafiscales”, dice uno de los apartes del documento.
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Por otra parte, el Departamento Administrativo de Función Pública habilitará el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público para que el servidos público indique si tiene familiares hasta segundo grado de afinidad y segundo grado de consanguinidad, con contratos de prestación de servicios profesionales o apoyo a la gestión con el Estado, información que se deberá mantener actualizada.
Por último. la directiva establece que las entidades deberán reportar a las autoridades competentes cualquier irregularidad que encuentren, cumpliendo de esta forma la normatividad vigente.
