El esfuerzo que hace el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con los programas de sustitución de cultivos ilícitos, la erradicación forzada y voluntaria, la implementación de nuevos modelos para el agro, entre otros, parece no ser suficiente, tras nuevo informe de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, en el que advierte que Colombia sigue controlando la producción de coca.
Cerca del 92 por ciento de la cocaína que entró a los Estados Unidos durante el año anterior era colombiana, reveló el informe. Asimismo expresó su inquietud sobre la efectividad de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, ya que durante los diálogos con esta guerrilla, incrementaron los cultivos de manera sustancial. Para el 2016 se contabilizaron 188 mil hectáreas de coca.
En este sentido el senador Jimmy Chamorro pidió en Comisión Segunda reabrir el debate. “Es alarmante este nuevo informe, seguimos nadando en coca, las cifras podrían alcanzar las 250 mil hectáreas para el próximo año. La situación evidencia la campaña política de las FARC durante las conversaciones con el Gobierno, incentivaron al campesino para que aumentara los cultivos y así beneficiarse de lo pactado en La Habana”, denunció Chamorro.
Y es que la política antidrogas de Santos no ha tenido el éxito esperado, según informó en su momento el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, de las 100 mil hectáreas que esperan erradicar este año, solo hay un avance del 50 por ciento, relacionado a la erradicación forzosa. “El Gobierno no acepta las cifras de Estados Unidos, elude la realidad”, enfatizó el senador Chamorro.
La evaluación de la DEA mide de manera estratégica la amenaza que representa para los Estados Unidos el tráfico de drogas, combinando datos de salud pública, de inteligencia, de ley federal y estatal, así como seguimientos de diversas agencias a nivel internacional.
En el mismo sentido describe la relación entre las organizaciones criminales de Colombia con las de Centro América, México y el Caribe. El Clan del Golfo y las FARC siguen liderando el negocio. Para el senador Rigoberto Barón la cooperación de Estados Unidos debe ser más contundente. “Esta es una problemática de talla mundial, todos los gobiernos deben aplicar acciones radicales frente al narcotráfico. La política de Santos es equivocada, no lograremos el objetivo para el 2017”, dijo.
Barón se refirió además a la flexibilidad del Gobierno con los miembros de las FARC en esta materia, e hizo un llamado para que se incluyan en las labores de erradicación y se retome la aspersión aérea de glifosato.
El análisis asegura que Estados Unidos puede esperar un aumento en los niveles de suministro y uso de la cocaína por lo menos hasta 2018, poniendo en duda la efectividad del acuerdo de paz. Señala textualmente que las implicaciones del proceso con las FARC son inciertas a largo plazo, en lo que respecta al narcotráfico.
La DEA proyecta en este sentido, una expansión en los cultivos de coca en Colombia, relacionada a las ganancias de los productores, la cual proporciona una fuerte economía para los cultivadores de la hoja de coca, incentivándolos a cultivar más.
Por su parte el senador Marco Aníbal Avirama, en representación de las comunidades indígenas, aseguró que durante la negociación se plantearon salidas alternativas al problema de cultivos ilícitos. “El abandono del Gobierno en regiones como el Cauca es evidente, no hay vías de penetración, no hay carreteras, ni sistemas de mercado para la comunidad, la gente se ve muchas veces obligadas a cultivar la coca”, señaló.
Avirama denunció también que la comunidad está siendo utilizada por los narcotraficantes. “Estamos en contra de los cultivos ilícitos, pero los mecanismos de violencia con que se trata de resolver el problema, no son los acertados”, puntualizó.
Finalmente y en medio de la controversia que enciende este informe de la DEA, el Gobierno radicó esta semana en el Congreso un polémico Proyecto de Ley, que a través de Fast Track, pretende delimitar las penas para los cultivadores de coca.
La iniciativa beneficiaría a aquellos cuyos cultivos de coca, no superen las 3.8 hectáreas, la pena máxima pasaría de cuatro años a uno, convirtiéndolo en excarcelable.
En este sentido el Fiscal Néstor Humberto Martínez se mostró ‘aterrado’. “Se trata de una rebaja indiscriminada y permanente hacia el futuro de las penas para los cultivadores ilícitos en Colombia, un muy mal mensaje en los momentos que estamos viviendo”.
La Comisión Segunda de Senado espera ponerle fecha a esta nueva discusión.
