Las agresiones contra periodistas no cesan en Colombia al tiempo que surgen iniciativas de carácter legal que atentan contra la libertad para ejercer su oficio, alertó este sábado la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su Reunión de Medio Año que celebra en Cartagena de Indias.
En su informe sobre Colombia, la SIP recoge datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), según los cuales del 1 de septiembre de 2018 al 26 de febrero de 2019 fueron registrados 195 ataques contra la prensa, que afectaron a 247 periodistas.
“De este total, 44 casos provenían de funcionarios públicos y afectaron a 59 periodistas. La agresión más frecuente fue violencia por amenaza, con 63 casos que afectaron a 87 periodistas, seguida por 28 casos de hostigamiento”, añade la documentación.
En el informe, leído por el director del diario El Tiempo, Roberto Pombo, la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP destacó que en ese mismo periodo “asomaron iniciativas legales y acciones administrativas que pretenden limitar la libertad de prensa, así como medidas judiciales, amenazas y obstrucciones de funcionarios públicos”.
Citó entre ellos un proyecto de ley que avanza en el Congreso “que pretende revivir la tarjeta de periodista” que todavía no está claro si tendría carácter obligatorio o no.
“Frente a esta iniciativa la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) dijo que es inconveniente, sobre todo por confusa en sus propósitos y en su forma, por lo que ha recomendado archivarla”, señala la SIP.
El director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, manifestó tras la presentación del informe que considera “raro que en Colombia, un país tan democrático, reaparezca ahora alguien con la obligatoriedad de la tarjeta de periodista”.
Al respecto, Pombo contestó: “hay que insistir en oponerse radicalmente a esto porque evidentemente va funcionar como un mecanismo de censura y también de corrupción” pues opina que la tarjeta de periodista “terminará siendo exigida para que determinadas personas puedan ocupar cargos públicos”.
El informe de la SIP relata también que un senador del Partido de la U radicó un proyecto de ley que crea una herramienta para que los usuarios de las redes puedan “contrarrestar informaciones falsas o injuriosas”, comprometiendo a los prestadores del servicio “a tomar correctivos en un lapso de 72 horas”.
“Se abriría así una ventana para la censura y se asignaría a los prestadores de internet la responsabilidad para aplicar parámetros arbitrarios y no transparentes para filtrar contenidos que se transmiten por la red”, advirtió el informe.
La SIP recordó que en febrero pasado envió a la Corte Constitucional el texto de la Declaración de Salta ante una consulta pública de este tribunal sobre libertad de expresión en las redes sociales.
La Declaración de Salta, que contiene principios de libertad de expresión en la era digital, fue aprobada en la Asamblea de la SIP celebrada en octubre de 2018 en esa ciudad argentina.
En su mensaje a la Corte Constitucional, la SIP le instó a considerar lo establecido en ese documento “en cuanto a los derechos y las responsabilidades que deben asumir medios y periodistas; intermediarios tecnológicos y ciudadanos, así como las garantías que deben proteger los gobiernos”.
El informe documentó además varios casos de censura a periodistas y medios por cumplir con su labor de informar, como ocurrió al Canal RCN, al cual hace una semana el juez 20 civil del circuito de Bogotá le ordenó “abstenerse de emitir una entrevista que iba a ser parte de la emisión del 24 de marzo del programa periodístico 4 Caminos”, al fallar una acción de tutela (recurso de amparo).
“La decisión del tribunal constituye censura vía acoso judicial y puede sentar un precedente gravísimo y se enmarca en un contexto en el que recurrir a la tutela para silenciar la prensa resulta cada vez más común”, indicó la SIP.
