El pasado 21 de febrero, la Corte Constitucional dio el aval para despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación; desde entonces el pasado 4 de marzo a la Secretaría del alto tribunal llegó una amenaza la cual estaría firmada por el grupo armado ‘Águilas Negras – Bloque Capital’, donde quieren atentar contra la vida de los cinco magistrados.
De esta manera, el panfleto fue enviado para: Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo, el conjuez Julio Andrés Ossa y el exmagistrado Alberto Rojas Ríos.
En la amenaza señalan de que los tienen completamente identificados y rastreados, pues ya saben la hora en la que llegan y salen de la Corte; asimismo tienen conocimiento de las placas de los vehículos por los cuáles se movilizan, añadiendo que saben el lugar donde viven.
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En el documento se conoce insultos, dónde los tildan de asesinos: “La pena de muerte no está legalizada en Colombia ni para el más peligroso delincuente; los perseguiremos y los declaramos objetivo militar a ustedes y a sus familias”.
Igualmente, el panfleto señala que los magistrados tienen la opción de revocar la orden o sino serán afectados aplicando el objetivo militar:
“Estos no son amenazas ni bromas, sino que cuando pelemos al primero se comprueba lo prometido. ¿A ustedes les hubiera gustado que su mamá los hubiera abortado a los seis meses de gestación? (…) Solamente les quedan dos opciones: revocar la orden de asesinar niños a los seis meses de gestación o aplicaremos el objetivo militar”, dice el panfleto.
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Hasta la fecha, el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado.
En 2020, al menos 4.268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en Colombia, un país donde este tipo de relaciones sexuales son consideradas violaciones y que por tanto podrían entrar dentro de las causas del aborto legal.
El aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en el país y se calcula que de los 400.000 que se realizan en Colombia al año, menos del 10 % son llevados a cabo en instituciones sanitarias con garantía.
