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La confesión de exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC sobre la supuesta autoría del asesinato del líder político conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995, viene despertando una cascada de reacciones en la política y la justicia en el país. La más reciente declaración que se hizo sobre este magnicidio fue del senador por el partido Farc, Carlos Alberto Lozada, quien habló con el periódico El Espectador, siendo un exjefe del antiguo grupo armado.
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“Es un hecho cuya responsabilidad es de la Red Urbana Antonio Nariño, de la cual yo era comandante en ese momento”, indicó Lozada.
Por estas declaraciones, desde el Gobierno Nacional se pronunciaron también, dirigiéndose a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, se cuestionó sobre el cargo como congresista que tiene el excombatiente, sobre todo ahora que declaró y se adjudicó la responsabilidad de un crimen que conmovió a Colombia el siglo pasado y aún lo sigue haciendo, reconociendo además, que no se tiene todavía claridad si las FARC sí fueron los únicos autores del asesinato de Gómez Hurtado.
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“La Justicia Especial para la Paz debe hacer una valoración sobre la compatibilidad o no, de la posibilidad de ejercer un cargo de elección popular y la confesión de un delito, en este caso el senador Carlos Lozada, que está diciendo al país que ejecutó una orden del ‘Mono Jojoy’ a través de la Red Urbana Antonio Nariño para asesinar a Álvaro Gómez“, manifestó Ceballos.
Recordemos que el candidato presidencial fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 luego de salir de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, ubicada en el norte de la ciudad, después de realizar una clase de historia constitucional a sus 76 años de edad.
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Por su parte, y durante la entrevista con el diario antes mencionado, el senador por el partido Farc señaló que no ha sido nada fácil el hecho de revelar este delito tras 25 años de su ejecución, hablando de estar haciendo una catársis para entender el panorama que vive ahora pero admitiendo que está dispuesto a asistir ante los magistrados de la JEP y contar cada detalle de este y otros delitos cometidos durante su período como guerrillero.
