Foto: Archivo Referencial
La petición para la realización de las sesiones presenciales por parte del Senado de la República, que cuenta con más de 100 congresistas, obtuvo una negativa por parte del Gobierno Nacional. La problemática se encamina a la incoherencia de algunos anuncios que se hicieron para la libre circulación de los congresistas.
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El presidente de esta asamblea del Congreso, el liberal Lidio García, solicitó hace unas semanas a su homólogo en la República, Iván Duque, para que le permitiera la excepción de la norma para realizar reuniones con más de 50 personas, entendiendo que el Senado lo componen 108 parlamentarios, lo que significaría una violación de la medida sanitaria en caso de autorizar las sesiones presenciales.
Por dicha razón, García le solicitó el permiso al Jefe de Estado para que existiera una excepción y se pudiera entonces, realizar el acto legislativo, respetando las medidas de higiene, pero sin privilegiar a algunos parlamentarios sobre otros para asistir de manera presencial en el salón elíptico.
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Respuestas del Gobierno.
Frente a la posibilidad, la ministra del Interior, Alicia Arango, le aseguró a los congresistas en cuestión que no existía una restricción para que ellos pudieran circular de manera libre por las calles, más sin embargo, allí entra la polémica, pues aunque se les recordaba su excepción a la norma de confinamiento, no se eliminaba el hecho de la prohibición para participar en eventos con más de 50 personas.
Recordemos, que frente a esta polémica, desde la Cámara de Representantes se decidió por autorizar unas sesiones semipresenciales, por lo que algunos parlamentarios podrían asistir al salón elíptico, pero la escogencia de quiénes sería, estaría en completa responsabilidad de cada una de las bancadas.
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Crítica por la indecisión.
Muchos ciudadanos han expresado su inconformidad a través de las redes sociales, porque consideran que este tipo de indecisiones para aceptar las sesiones virtuales o en su caso las semipresenciales, lo único que genera es discusiones que no llevan a ninguna parte, y que sí retrasa el desarrollo de algunos proyectos de ley.