Exsecretaria vincula en contratos corruptos a exgobernador Richard Aguilar

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Foto: Archivo

Exgobernador de Santander, y actual senador del partido Cambio Radical, Richard Aguilar, se encuentra en una investigación de la Corte Suprema de Justicia, gracias a que se presume, estuvo vinculado a hechos de corrupción durante su periodo de gobernación en el departamento.

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Claudia Toledo quien fue secretaria de infraestructura del gobierno de Aguilar;el pasado 5 de octubre de 2018, fue vinculada con las irregularidades en el contrato para el reforzamiento estructural de la Villa Olímpica del estadio Alfonso López de Bucaramanga (Santander), lo que llevó a su captura junto a su esposo quien también era funcionario de la gobernación de Santander.

“Esta decisión fue apelada por el ente acusador que considera que la exsecretaria de Planeación de la Gobernación de Santander, Claudia Yaneth Toledo Bermúdez; su esposo Lenin Darío Pardo Pulido, y el interventor del contrato, Andrés Mauricio Gómez Herrera, deben ser enviados a la cárcel por ser presuntamente responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”, afirmó la Fiscalía en su comunicado.

Por su parte, la investigación escaló hasta el punto de que Claudia Toledo, junto con su esposo Lenin Darío Pardo, decidieron cooperar con las autoridades entregando material que demostraría, que tanto el exgobernador Aguilar como otro funcionario, Edwin Ballesteros, estarían inmersos más de lo que se pensaba en estos hechos de corrupción.

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En un informe especial de noticias Caracol, se revelaron varios videos y audios que habrían aportado los esposos Toledo y Pardo a las autoridades, donde el funcionario Julián Librado Jaramillo aparece para ofrecerles el dinero que las autoridades estarían exigiendo por los contratos de corrupción.

Por otra parte, Toledo afirma que a través de chats, llamadas y reuniones, Ballesteros se contactaba con Pardo para llegar a un acuerdo en este proceso de los contratos, en donde Ballesteros pedía desde 50 mil a 100 mil millones de pesos.

“Ellos declaran que existía una oficina paralela donde se estructuraban los pliegos, donde se elaboraban los pliegos, muy a la medida de la necesidad del respectivo contratista”, afirma Toledo al medio de comunicación .