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La ley quinta de 1992, que rige al Congreso, expone en al rededor de 368 artículos el reglamento de Congreso; el Senado y la Cámara de representantes.
“(…) garantiza no sólo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y votaciones.”
Sin embargo gracias a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo, durante un debate sobre las sesiones virtuales, se hizo evidente el hecho de que esta ley debía sufrir algunos cambios por la contingencia, ya que se habían llevado a cabo varias sesiones y debates virtualmente, sin que muchos senadores y congresistas estuvieran de acuerdo con esta medida ya que alegaban una falta de control y garantías de un proceso justo sobre los temas que se podrían llevar a cabo en estas reuniones.
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En primera instancia, desde la Corte ya se había emitido una sentencia en que se otorgaba el permiso de poder realizar sesiones a través de la plataforma Zoom, y aunque esta medida solo se tomaba en cuenta para casos excepcionales en donde fuera viable la virtualidad, hubo un duro enfrentamiento de opiniones en el debate del Senado.
Varios senadores de la oposición alegaron en contra de la virtualidad ya que esta podría afectar los procesos que impliquen votación y participación activa de los funcionarios en cuestión; por ello es que se hace una modificación en donde no se podrán llevar a cabo sesiones vía Zoom si no se trata de votar por una reforma constitucional, leyes orgánicas o estatutarias.
Y aunque casos positivos de coronavirus por parte de integrantes del Congreso; el Senado o la Cámara, han frenado parcialmente la iniciativa de las sesiones presenciales; la idea del proyecto no es prohibir en su totalidad las sesiones a distancia, si no que debe reformarse para tener mejores resultados cuidando la salud de quienes deben atender a sus funciones en alguno de estos entes.
