Las medidas aprobadas en la región capitalina de Corea del Sur, obligando a que todos los extranjeros que trabajen en la comarca se sometan a test para detectar la COVID-19 bajo pena de ser multados, han generado una gran polémica por las acusaciones de discriminación.
Hoy mismo, el Gobierno de Seúl implementó una orden administrativa para que todo extranjero que trabaje en la ciudad se someta a una prueba PCR antes del próximo 31 de marzo.
Aquellos que no se sometan a la prueba dentro del plazo estipulado encaran una multa de hasta 2 millones de wones (unos 1.445 euros/1.780 dólares).
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El Gobierno metropolitano argumenta que la tasa de positividad de los extranjeros en Corea del Sur entre enero y marzo se ha situado en el 6,3 %, muy por encima del 2,2% de noviembre-diciembre.
El razonamiento del Ayuntamiento de Seúl parece seguir la misma lógica que el Gobierno de la provincia de Gyeonggi, que rodea a la capital y que hace diez días activó una ordenanza similar.
Unos 700.000 extranjeros residen en Gyeonggi y Seúl, aunque se desconocen cuántos tienen empleo.
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Por su parte, la Agencia para la Prevención de Enfermedades Infecciosas de Corea (KDCA) ha justificado la decisión en otro escrito asegurando que la situación “es de alto riesgo” porque la tasa de infección de los extranjeros llegó a incrementarse un 14% tras el Año Nuevo lunar, que se celebró del 11 al 13 de febrero.
“Consideramos que no hay discriminación o estigmatización para los trabajadores extranjeros y que no debería interpretarse así”, añade el texto.
Las redes sociales han recogido multitud de mensajes de trabajadores extranjeros indignados por la decisión y el embajador británico en Corea del Sur, Simon Smith, ha publicado un mensaje diciendo que su embajada “no considera estas medidas justas, proporcionales o con probabilidad de ser efectivas”.
