Un joven indígena de 17 años murió tras un bombardeo del Ejército a un campamento de las disidencias de las FARC en una zona rural próxima al municipio amazónico de San Vicente del Caguán, Caquetá.
El operativo fue realizado el pasado lunes en la vereda La Esperanza, perteneciente a este municipio, fallecieron cinco disidentes y Yeison Stiven Yule Pequi, un joven de 17 años del resguardo indígena de Altamira, resultó herido, según información. Sin embargo, el joven falleció este miércoles en la Clínica Medilaser, en Florencia, capital del departamento de Caquetá.
“La situación desencadenada por el bombardeo contra las disidencias pone en evidencia la grave situación de reclutamiento forzado en las zonas objeto de dominio territorial y combate por parte de estos grupos armados ilegales”, señaló la Defensoría en un comunicado.
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El joven habría sido reclutado hace un año, según le contó la familia a la Defensoría del Pueblo, que alertó de la alta incidencia de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en la zona.
Ante este hecho, Carlos Camargo, Defensor del Pueblo señaló que lamenta “profundamente la muerte de todos los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. Acompañamos a la familia de Yeison Yule, a través de nuestra Regional, y solicitamos a las autoridades judiciales priorizar las investigaciones pertinentes”.
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A su vez, manifesto que la Defensoría activó desde el primer momento la ruta de protección para la víctima menor de edad. Asimismo, Camargo añadió que el organismo les solicitó a las autoridades judiciales “verificar si en el bombardeo al campamento de las disidencias de las Farc resultaron afectados otros menores de edad.”
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, en un pronunciamiento después del bombardeo señaló que la operación:“Fue reportada y presentada públicamente por los miembros del Ejército que participaron en ella y que se operó contra un grupo armado al margen de la ley, el cual tenía entre sus miembros combatientes menores de edad, que podrían haber afectado a la población civil y a los integrantes de la fuerza pública que operan en esa región del país”, advirtió el funcionario, sin pronunciar el caso en específico.
Asimismo explicó que dicha acción se llevó a cabo con planeación y con el cumplimiento de los protocolos del Derecho Internacional Humanitario.
Se trata del segundo caso que sale a la luz de la muerte de un menor en un bombardeo del Ejército a un campamento de un grupo armado, después de que el pasado 2 de marzo murieran 12 personas en un supuesto ataque a las disidencias bajo el mando de Miguel Botache, alias “Gentil Duarte”, en el municipio de Calamar, en el Guaviare. En ese otro bombardeo se denunció la muerte de hasta 14 menores que también habrían sido reclutados.
El ministro de Defensa, Diego Molano, justificó en ese entonces el “uso legítimo de la fuerza” contra menores reclutados por grupos armados porque, según alegó, dejan de ser víctimas y se convierten en “máquinas de guerra que atentan contra la sociedad colombiana”.
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Varios organismos han alertado sobre el aumento de reclutamiento forzado de menores en los últimos meses y según las últimas cifras de la Defensoría, publicadas a finales de abril, esta instancia tuvo conocimiento de hasta 83 casos de reclutamiento forzado desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento por la pandemia, el 17 de marzo de 2020, hasta septiembre, cuando finalizó la fase estricta.
Por su parte, la Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) alertó que en los primeros cinco meses de 2020, 128 menores habían sido reclutados, por lo que el delito aumentó en un 113%, debido a la cuarentena y el cierre de escuelas.
La Red Nacional de Información de la Unidad para las Víctimas indicó que entre 2018 y 2020 fueron registrados 313 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellos varones entre los 12 y los 17 años.
