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Siguen apareciendo voces después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fallara a favor del senador Gustavo Petro, debido a que se consideró que el congresista había sido víctima de una vulneración de derechos políticos durante su período de Alcalde de Bogotá, esto cuando él fue sancionado por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Desde el Congreso de la República se han emitido diferentes comentarios sobre este fallo, pues algunos parlamentarios consideran que el entonces jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, debería presentar su carta de renuncia por el supuesto “interés político” que existió de su parte al momento de destituir a Petro del ayuntamiento distrital.
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Recordemos que Ordóñez es el actual embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos.
La representante a la Cámara por la Colombia Humana, y exfórmula vicepresidencial de Gustavo Petro en los comicios de 2018, Ángela María Robledo, dio a conocer su postura frente a esta situación:
“En su actuación hubo un interés político de querer impedir que Gustavo Petro siguiera su tarea en el mundo político y se le atravesara a su aspiración de ser presidente de la República”, trinó Robledo.
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Del mismo modo, el legislador del Partido Liberal, Carlos Ardila, coincidió en la petición de su compañera en el Congreso, pues solicitó que Ordóñez deje su cargo actual en la Embajada:
“Atento a la renuncia de Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia en la OEA. Posdata: De verdad, no estoy tomando del pelo a nadie”, comentó.
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Ante esta ola de críticas en contra del entonces Procurador General, el excandidato presidencial Humberto De La Calle fue más allá de pedir la renuncia de Ordóñez, pues solicitó que este funcionario sea el encargado de pagar la indemnización que el Estado colombiano debe pagarle a Petro.
“Ante la condena a Colombia por actuaciones arbitrarias del doctor Ordóñez, corresponde al gobierno ordenar que se inicie el proceso legal para que el mencionado ex funcionario reintegre los dineros que tenga que pagar el Estado colombiano con dinero de los contribuyentes”, trinó.
