Foto referencial de archivo
La organización Women’s Link Worldwide presentó este lunes el primer informe sobre violaciones a derechos reproductivos de mujeres y niñas dentro de las filas de las Farc.
El documento recopila alrededor de 35 testimonios de mujeres víctimas de estos crímenes, entre estos el caso emblemático de Helena*, reclutada forzosamente por las Farc siendo niña y obligada a abortar y a utilizar anticoncepción.
“Le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que acabe con la impunidad y que reconozca que la violación de derechos reproductivos dentro de las filas de las Farc fue una práctica sistemática y generalizada que constituye un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos”, dijo Mariana Ardila, abogada de Women’s Link.
La experta afirmó que la labor del tribunal transicional solo estará completa si se investigan, juzgan y sancionan esos delitos sexuales, y si se tienen en cuenta la voz y las historias de las mujeres que fueron víctimas, “muchas de las cuales se encuentran hoy completamente desprotegidas”, indicó.
El informe expone y analiza las prácticas de control reproductivo de la extinta guerrilla de las FARC sobre las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente. Afirma que el uso obligatorio de anticonceptivos y las denuncias de abortos forzados que han realizado mujeres excombatientes fueron graves violaciones a los derechos humanos cometidos por este grupo armado y tuvieron la participación “activa y determinante” del Secretariado del Estado Mayor de las Farc.
“Todas las mujeres y niñas, ya sean civiles o combatientes, tienen derecho a optar por la maternidad o el aborto legal, tanto en tiempos de guerra como de paz. Nadie, ni el Estado ni los actores armados, pueden decidir por ellas. Sin importar el país o el actor armado, a estas víctimas se les debe garantizar verdad, justicia y reparación”, dice Juliana Laguna, abogada de Women´s Link.
Para la elaboración del informe, la entidad revisó 89 fuentes secundarias. Entre ellas once informes producidos por entidades estatales, como la Fiscalía General de Colombia y el Centro Nacional de Memoria Histórica. También analizó diez fallos judiciales de cortes nacionales y cuatro decisiones judiciales de cortes internacionales, entre otros.
El informe también incluye el testimonio de Helena, una mujer que narró cómo fue víctima reclutamiento ilícito por parte de las FARC cuando tenía 14 años, y de anticoncepción forzada y de aborto forzado dentro de sus filas.
Según la entidad, el uso obligatorio de anticonceptivos fue impuesto explícitamente desde la Octava Conferencia Nacional de Guerrilleros en 1993, e implementado por todos los niveles jerárquicos bajo la vigilancia del Secretariado, máxima estructura dentro de las FARC.
Medidas como esas “servían a los objetivos políticos y militares del grupo armado pues el ejercicio activo en la tropa de las mujeres combatientes y niñas reclutadas ilícitamente resultaba incompatible con la gestación y el ejercicio de la maternidad”, dice el informe.
Las medidas eran implementadas “mediante violencia, coerción o engaño”, anota el informe. Señala además que se usaban métodos “no convencionales” para los abortos y qué, además, muchas veces se hacían en condiciones no seguras que dejaron graves secuelas en las víctimas e inclusive produjeron la muerte. reLa Fiscalía General de la Nación estima que en la guerrilla se hacían unos 1.000 abortos forzados por año, informa Anadolu.
“Con la presentación de este informe a la Sala de Reconocimiento de la JEP, esperamos que sea esta la oportunidad para que se vean materializados los derechos de acceso a la administración de justicia y a una tutela judicial efectiva de las mujeres y niñas víctimas”, indicó la organización.
