El presidente enfatizó que es el poder judicial el que tiene que negociar con las bandas multicrimen y buscar una salida pacífica para no llegar al “exterminio”.
El Gobierno Nacional anunció que el próximo 15 de febrero radicará ante el Congreso el proyecto de ley para que las bandas multicrimen que delinquen en el país se sometan a la Justicia.
“El que negocia con ellas no puede ser el Gobierno, ya no se trata del poder, con el narcotráfico no se puede negociar el poder, sino que es el poder judicial el que tiene que negociar con ese tipo de organizaciones”, dijo el presidente Gustavo Petro, en Yarumal, población del departamento de Antioquia.
El gobernante agregó: “Se trata de un acogimiento a la justicia que puede y vamos a presentar la ley el 15 de febrero, que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda ser una salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo”.
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El anuncio del Gobierno se conoce luego de los reparos que hizo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien no levantó las órdenes de captura contra 16 cabecillas del Clan del Golfo alegando que no había un marco jurídico para hacerlo.
Por otro lado, Petro aseguró que no puede aceptarse el cese al fuego sin cesar hostilidades contra la población y poner fin a los negocios ilícitos.
“Si la agrupación que dice estar dispuesta a un cese al fuego, cesa el fuego contra el Estado, pero también contra la población, y establece los mecanismos para separarse de los negocios (ilícitos como narcotráfico y minería ilegal), pues, obviamente, no la vamos a perseguir, la vamos a invitar a que acuda a la ley. Pero, si eso no es así, la Fuerza Pública tiene que actuar, debe y tiene que actuar”, apostilló.
Igualmente, dijo que no puede aceptarse un cese al fuego con algún grupo si no lleva implícito el cese de hostilidad contra la población, es decir que no haya masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos y confinamientos, al igual que no sembrar minas antipersonal y permitir los retornos de familias expulsadas de sus tierras.
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En esa dirección aseguró que los grupos que trafican deben ser perseguidos por la ley y reiteró que el Gobierno no acepta el narcotráfico pues “eso no está en la posibilidad de la paz”.
Al respecto, dijo que “no puede haber un cálculo premeditado para usar la paz como un mecanismo de acumulación de los negocios”.
Petro ha insistido en impulsar una “paz total”, con la que busca negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia
