El presidente modificó su ruta de viaje por una alerta de ataque al helicóptero donde viajaba con sus hijos, desviándose cuatro horas mar adentro.
En medio del consejo de ministros centrado en la emergencia por las inundaciones en Córdoba, el presidente Gustavo Petro relató una serie de episodios que pusieron en riesgo su vida y la de su familia durante su desplazamiento hacia la región. Lo que inicialmente era una sesión para atender la crisis humanitaria derivó en una intervención marcada por denuncias de seguridad, acusaciones internas y señalamientos sobre un presunto plan para afectar su imagen y su entorno político.
Petro afirmó que su traslado estuvo condicionado por alertas que le impidieron aterrizar en el lugar previsto. Tras varias horas de vuelo, recibió información sobre un eventual ataque contra la aeronave presidencial. La advertencia señalaba que el helicóptero podría ser blanco de disparos al momento del aterrizaje, lo que obligó a modificar la ruta y a sobrevolar el mar durante varias horas antes de encontrar condiciones que consideraran seguras.
El mandatario describió el episodio como uno de los momentos más delicados de su mandato. “Vengo de dos días escapándome de que me maten. No pude aterrizar porque temía que al helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también. Cogimos mar abierto cuatro horas, pero llegué”, expresó ante los ministros. Incluso, en el punto donde inicialmente debía descender no se habrían encendido las luces de pista, lo que aumentó la incertidumbre en medio de la operación aérea.
Aunque no entregó detalles técnicos ni precisó quiénes estarían detrás de la supuesta amenaza, insistió en que la decisión de alterar el plan de vuelo se tomó para preservar su integridad y la de sus hijos.
También denunció lo que calificó como una situación “aún más delicada”: la presunta orden dada a un alto oficial de la Policía para introducir sustancias psicoactivas en uno de los vehículos de su esquema de seguridad. Según su versión, la maniobra tendría como objetivo afectar su reputación y sabotear una reunión clave en Washington con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Hay un general que ordené retirar en la Policía. Alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro (…) tenían como misión destruir la reunión con Trump”. Petro señaló que ya se adoptaron decisiones internas y que varios uniformados fueron apartados de sus cargos tras conocerse la información.
Petro fue más allá y vinculó estos episodios con lo que describió como una estrategia sistemática para debilitar a su Gobierno. Mencionó órdenes de captura y procesos judiciales contra personas cercanas a su entorno político, asegurando que hacen parte de una ofensiva más amplia. “No tienen que creerme, pero sé que no hubo ningún sobrecosto”, dijo al referirse a investigaciones relacionadas con financiación de campaña y otros casos que, según él, han sido leídos “de pe a pa”.
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En declaraciones a Blu Radio, el general Edwin Urrego —quien habría sido retirado por orden del presidente en medio de estas denuncias— rechazó los señalamientos. Manifestó sorpresa por las afirmaciones y aseguró que nunca ejecutaría una acción que comprometiera su nombre o su carrera.
Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales que confirmen investigaciones formales sobre los hechos denunciados por el jefe de Estado durante el consejo de ministros. Mientras tanto, sus declaraciones abren un nuevo frente de tensión política y dejan interrogantes sobre el alcance y la veracidad de las amenazas reveladas en plena sesión de Gobierno.
