Han pasado 37 días desde que comenzó el paro nacional en Colombia y el panorama al día de hoy, jueves 3 de junio, es aciago. El paro ha dejado por lo menos 48 muertos, más de dos mil heridos, cientos de desaparecidos y numerosos abusos por parte de la fuerza pública, así como hechos de vandalismo que han afectado un importante número de establecimientos comerciales y bienes tanto públicos como privados.
Los manifestantes se adjudican como una victoria la caída de los proyectos de reforma tributaria y de la salud, así como la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, Juan Alberto Londoño, autores de la reforma fiscal que motivó la revuelta social. Pero esto no fue suficiente para calmar los ánimos y siguen emergiendo diversas exigencias.
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Y aunque ha habido acercamientos entre los líderes de las movilizaciones y el Gobierno de Iván Duque para concertar una salida negociada a la crisis, aún hay bastante incertidumbre.
El Comité Nacional del Paro (CNP) le pide al Ejecutivo que acepte un pliego de emergencia de siete puntos que, entre otros, exige la intervención a la salud, el fortalecimiento de la vacunación contra el coronavirus y la aprobación de una renta básica de emergencia para personas en condición de pobreza. Por su parte, el Gobierno insiste en que cesen los actos vandálicos por parte de algunos manifestantes y que se desbloqueen todas las vías del país.
Por ahora, uno de los puntos que más divide a las partes son los bloqueos restantes, sobre los que claramente el CNP no tiene autoridad (la Casa de Nariño insiste en que hasta que no estén despejadas todas las carreteras del país no se firmará ningún preacuerdo), y la desmilitarización de las ciudades que fue decretada por el Gobierno y que para este es un punto innegociable.
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Un fuerte impacto económico
En el plano económico, según cifras del Ejecutivo y los gremios, las pérdidas producidas por el paro superan los COP 15 billones (unos USD 4.000 millones). De hecho, el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, informó que los costos diarios por cuenta de las manifestaciones son de COP 484.000 millones (USD 130,5 millones) en promedio.
En tanto, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en el segundo trimestre de 2021 perdería tres puntos porcentuales, ya que las estimaciones pasarían del 16% al 13%, según le dijo Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, al diario La República.
“Después de la buena noticia del primer trimestre, donde el país creció 1,1%, los bloqueos y manifestaciones de alguna manera neutralizan ese repunte”, añadió Olarte.
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Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) manifestó que aunque la economía colombiana registró un fuerte crecimiento desde el segundo semestre de 2020, las protestas sociales y los nuevos confinamientos de abril y mayo de este año retrasarán una recuperación más duradera hasta la segunda mitad de 2021.
“Se prevé que el PIB crezca un 7,6% en 2021 y un 3,5% en 2022, impulsado por el consumo privado y la inversión. La distribución de las vacunas está avanzando lentamente. La recuperación podría debilitarse como consecuencia de nuevas restricciones, pero también debido a la incertidumbre sobre las perspectivas fiscales”, indicó dicha organización.
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Un duro golpe a los derechos humanos
Más allá de los números rojos en materia económica, el otro foco negativo que se ha evidenciado es el de las cifras de violaciones a los DDHH.
Organizaciones como Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportan, según su último balance divulgado este 2 de junio, 3.789 casos de violencia por parte de la Policía, incluidos 45 homicidios (más otros 29 casos que están en proceso de verificación), 1.649 detenciones arbitrarias, 65 víctimas de agresiones en sus ojos, 25 víctimas de violencia sexual, 187 casos de disparos de arma de fuego y otros numerosos abusos cometidos por la fuerza pública.
También hay 111 desaparecidos (según información de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía), mientras que reportes extraoficiales y denuncias en redes sociales hablan de jóvenes incinerados, torturas y detenciones en centros clandestinos, entre otras graves violaciones a los derechos humanos que aumentan en las noches, principalmente en zonas periféricas de Bogotá y Cali.
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Por su parte, el reporte del Ministerio de Defensa menciona 20 fallecidos (18 civiles y dos policías) directamente relacionados con la protesta; 19 adicionales que “no guardan nexo” con la misma y nueve casos restantes que están “en proceso de verificación” para confirmar si “han sido en el marco de la protesta”.
El reporte también señala que unos 1.200 uniformados y poco más de 1.100 civiles han salido lesionados y que por lo menos 900 establecimientos comerciales y oficinas bancarias se han visto afectados por hechos de vandalismo, así como miles de vehículos y estaciones de transporte público, entre otros.
En ese sentido, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, le dijo a la Agencia Anadolu que “el balance de estos días en Colombia es muy trágico”.
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“Hemos visto cómo se ha recrudecido la violencia en contra de las personas que se manifiestan. También hemos visto con gran preocupación los hechos de violencia perpetrados por terceras personas, por ciudadanos, que muestran este hartazgo social y esta incapacidad de las autoridades de generar mecanismos de diálogo genuino”, asegura.
Para Guevara, “desde el primer día, el 28 de abril, el Gobierno del presidente Iván Duque ha venido a echar gasolina a una situación de alta tensión. Las personas han salido a las calles como único mecanismo para exponer sus demandas no solo sobre la reforma tributaria, sino también contra la desigualdad, la discriminación y la violencia, de cómo les ha afectado el conflicto y la incapacidad del Estado de brindar protección”.
Guevara también rechazó la militarización ordenada por el mandatario en 13 ciudades, incluida Cali, que se convirtió en el epicentro del malestar social y donde los medios registraron a “civiles” -acompañados por la Policía- disparando contra los manifestantes.
Al respecto, la vocera de Amnistía Internacional subrayó que “sin duda alguna el Estado tiene la responsabilidad de investigar aquella violencia generada por terceros, aquellos delitos que cometen otras personas, inclusive manifestantes que pueden utilizar la violencia”.
“Lo que nosotros desde Amnistía Internacional hemos documentado en estos días es que las violaciones a los derechos humanos son en contra de personas que se están manifestando pacíficamente. Hemos visto cómo las fuerzas de seguridad hacen uso de armas letales y armas menos letales de forma indiscriminada con el único fin de dispersar las protestas y de castigar a quienes están en las calles”, concluyó. Anadolu
