La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) anunció el cierre de sus oficinas a causa de amenazas de “grupos armados”, en medio de una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“Nos hemos visto obligados a tomar acciones preventivas, a fin de garantizar la integridad y la seguridad de nuestros defensores de derechos humanos de la Anpdh (…) nuestras oficinas centrales permanecerán cerradas temporalmente”, informó la asociación en un comunicado.
La decisión fue tomada este fin de semana “tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, en contra de nuestros defensores de Derechos Humanos”, explicó la Anpdh.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado acciones como estas como una “tercera fase” de represión consistente en la “criminalización de los manifestantes”, y la ha denominado como “más ruda, más explícita y burocrática”.
Esta organización ha sido una de las más activas en la defensa de los derechos humanos en medio de la crisis sociopolítica, y ha coincidido con la CIDH en responsabilizar por cientos de asesinatos a las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas.
En su último informe sobre los resultados humanitarios de la crisis en Nicaragua que inició el 18 de abril, la Anpdh informó de 448 muertos, en su mayoría jóvenes manifestantes, 2.800 heridos, así como de cientos de “secuestrados” y desaparecidos en manos de las “fuerzas combinadas”. Efe
