La misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) valoró el tránsito de las FARC desde la guerrilla hacia la sociedad civil y la participación política, pero alertó de la inseguridad persistente en el ámbito rural.
El vigésimo tercer informe de la Misión, presentado hoy ante el Consejo permanente de la OEA, también saluda los avances con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras el cese bilateral del fuego, así como los esfuerzos realizados por el Gobierno colombiano para combatir estos grupos armados.
En concreto, se centra en las medidas empleadas por el Ejecutivo: la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Élite de la Policía Nacional y de la Fiscalía Especial, además de las estrategias policiales y militares.
Las amenazas para la seguridad, que según el informe se concentran en el entorno rural, se deben a las disputas de grupos ilegales por economías ilícitas y por territorios abandonados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras el desarme.
Esta situación, según el documento, está provocando “graves afectaciones a la población civil”, especialmente en el entorno rural.
El informe de la Misión detalla que los colombianos sufren extorsiones, confinamiento, desplazamiento forzado, violencia basada en género y reclutamiento de menores de edad.
El jefe de la MAPP-OEA, Roberto Menéndez, comunicó durante la exposición del documento en la sede de la OEA en Washington preocupación por “los asesinatos selectivos y amenazas contra líderes sociales”, precisó su rechazo a estas condiciones y advirtió de que la desmovilizada FARC y sus familias “no están exentos”.
Menéndez reclamó que se refuerce la seguridad para “reducir los impactos humanitarios”, además de investigar y “castigar” los crímenes con objeto de seguir implementando los acuerdos de paz, informa Efe.
El informe es resultado de 960 misiones sobre el terreno en 500 poblaciones como parte de la supervisión de la MAPP-OEA, que lleva funcionando en Colombia desde 2004 y se prevé que siga haciéndolo hasta 2018 en las zonas más afectadas por los conflictos.
