El ataque islamófobo en Nueva Zelanda del pasado viernes, que causó 50 muertos y 50 heridos, obliga a las agencias de inteligencia y seguridad a repensar la vigilancia de personas y grupos de extrema derecha.
“Hay muchas preguntas que deben ser respondidas (…) la lección que se desprende es que ningún país es inmune a un ataque de la extrema derecha”, dijo a Efe el experto en leyes de la Universidad de Waikato, Al Gillespie.
El atentado fue atribuido a Brenton Tarrant, un australiano de 28 años que no estaba bajo vigilancia de las autoridades y cuyas acciones obligaron a elevar la alerta de seguridad de baja a alta en Nueva Zelanda.
Tarrant retransmitió durante 17 minutos el ataque y poco antes del ataque publicó un manifiesto de 74 páginas, que difundieron algunas redes sociales, lleno de invectivas contra los musulmanes y en el que se define como “racista” y “fascista”.
El asaltante no tenía antecedentes ni causaba problemas a sus vecinos en Dunedin, situada a unos 400 kilómetros al sur de Christchurch, el lugar de la matanza, donde se estableció tras llegar al país en 2017.
En noviembre de ese año, obtuvo el permiso de armas y en seguida comenzó a comprar las cinco armas que utilizaría en el atentado, por el que se preparó también apuntándose a clubs de tiro.
La masacre abrió una polémica sobre el papel de las agencias de espionaje y seguridad, y críticas por la dinámica de los Cinco Ojos, la alianza de inteligencia que Nueva Zelanda comparte con Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.
El jefe de la Oficina de Seguridad de las Comunicaciones del Gobierno, Andrew Hampton, explicó que su agencia “no ha recolectado o recibido por parte de los socios ninguna información de inteligencia relevante a los ataques terroristas”.
Tres semanas antes del ataque a las mezquitas, Rebecca Kitteridge, directora del Servicio de Inteligencia y Seguridad de Nueva Zelanda (NZSIS) dijo a un comité parlamentario que la amenaza terrorista en el país era baja y que el número de personas vigiladas fluctuaba entre 30 y 40. Efe
