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Se tenía los ojos encima sobre la reunión que iban a entablar el presidente Iván Duque y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pues en las últimas semanas se abrieron diferentes vertientes a raíz de los informes entregados por dos representantes de este organismo internacional sobre nuestro país.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, en cabeza del representante Alberto Brunori, y el relator de las Naciones Unidas, Michel Frost, quienes entregaron, cada uno, un reporte sobre la defensa de los DDHH y donde se establecieron diferentes recomendaciones que no fueron bien recibidos por gran parte del Gobierno, así que la reunión entre Duque y Guterres se veía envuelta en esta controversia.
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Pues con respecto a la polémica, el jefe del Estado colombiano señaló que valora mucho la presencia y la labor de este organismo internacional en el país, sin embargo reiteró que si hubo comentarios por parte de su Gobierno en aspectos puntuales del informe de la Alta Comisionada, pues consideran que “no correspondían” al trabajo en el que estaba encaminado dicho reporte.
“No tenemos ningún rechazo a que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos haga presencia en nuestro país. Hicimos comentarios puntuales sobre aspectos del reporte, en los cuales elevamos algunas voces de protesta, pero creo que siempre hay un sentido proactivo de analizar esos comentarios”, señaló el mandatario durante la reunión.
No obstante, Duque aseguró que las relaciones con las Naciones Unidas se encuentran en su mejor momento, siendo una declaración ligada a lo que dijo su consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien señaló que por ninguna razón peligra la salida de estas oficinas de nuestro país, esto frente a la petición de varios actores políticos que pidieron la expulsión de las mismas.
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Y frente a esto, desde la reunión con Guterres se anunció que se renovará la cooperación con la ONU en el período 2020-2023, donde se actuará bajo tres pilares importantes: la continuidad de la doctrina paz con legalidad, la atención a la población migrante y la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en el país.
